Condenados por violencia de género o terrorismo no podrán ser voluntarios
El Gobierno aprueba los proyectos de ley de las organizaciones no gubernamentales.
Los condenados por maltrato a menores, violencia de género, terrorismo o trata de personas no podrán ejercer actividades de voluntariado. Al menos eso contempla el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido al Congreso para actualizar una norma que se estableció en 1996. Junto a éste, se tramitará también el de la Ley del Tercer Sector, que pretende dar carta de naturaleza a las organizaciones no gubernamentales, regular sus competencias, aclarar su fiscalidad y abrir cauces de comunicación entre estas y las administraciones públicas.
La exclusión de condenados por terrorismo y trata de personas de la labor del voluntariado es una de las pocas novedades de la pareja de proyectos de ley respecto a sus últimos borradores, que se presentaron hace dos meses. «No ha habido cambios significativos», aseguró Luciano Poyato, presidente tanto de la Plataforma del Tercer Sector, el organismo que aglutina a varias de las principales ONG de España, como de la Plataforma del Voluntariado. «Para estos colectivos es una noticia importante; se va a reconocer a más de 29.000 entidades y nos va a dar un soporte jurídico del que carecíamos», aclaró. «Además, se abrirá una comisión de diálogo civil con el Gobierno, que es fundamental con una crisis como la que tenemos, con tanta gente en el umbral de la pobreza».
Esta comisión reunirá trimestralmente -o a veces cada mes- a representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de las principales organizaciones sociales. «Es nuestra responsabilidad, además de acompañar a los más desfavorecidos en el camino de la inserción social, tener capacidad de proponer», afirmó Poyato tras el anuncio de la aprobación por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. Desde esta mesa esperan poder influir en la elaboración de políticas públicas.
Aunque ambos proyectos de ley cumplen con buena parte de las propuestas de la Plataforma del Tercer Sector -en la que están representadas entidades como Cruz Roja, Cermi, Once o Cáritas-, también reconocen carencias. «Sustancialmente está todo lo que hemos propuesto, eso hay que reconocerlo», aclaró Poyato. Aun así, echan de menos un capítulo presupuestario que dote a estas organizaciones de una estabilidad financiera que ahora no tienen y que la crisis ha puesto al límite. «Nos hubiera gustado que hubiese una definición más clara, pero es un primer paso. A partir de ahora nos tocará proponer modelos de financiación y estabilidad en la comisión de diálogo civil», explicó.