Diario de León

El PE pide que los ciudadanos españoles no paguen Castor

Insta a investigar si ha tenido lugar una «ayuda estatal prohibida».

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josé luis álvarez | madrid
León

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El caso del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Castellón, está lejos de cerrarse. A la investigación judicial abierta se ha sumado ahora la petición formulada por el Parlamento Europeo a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financió el fallido proyecto, para que «tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1 300 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa», dinero que fue a la empresa concesioanaria Ecal UGS tras la paralización del almacén de gas.

Esta petición, votada por separado y aprobada por 350 votos a favor, 263 en contra y 28 abstenciones, está incluida en el informe anual de actividad del BEI y fue promovida por el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Ernest Urtasun. En el texto, el Parlamento Europeo «lamenta» el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, que fue sufragado con fondos de la Iniciativa Europa 2000 de Obligaciones para la Finaciación de Proyectos, y critica que la «evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación».

Pero el Parlamento Europeo va más allá al solicitar la Comisión que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo para que se «investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida».

El medio centenar de terremotos registrados en el norte de la provincia de Castellón y el sur de Tarragona fueron producido al llenar con el llamado ‘gas colchón’ el antiguo yacimiento petrolífero frente a la costa de Vinaroz. La alarma social motivó la paralizacion de las operaciones en septiembre de 2013. Los geólogos apuntaban que la presión del gas sobre las paredes del depósito subterráneo actuó sobre una falla y produjo los movimientos sísmicos, muchos de ellos imperceptibles para la población.

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