La ley pone coto a los drones

El rigor de la normativa española está frenando el uso de los drones en la vigilancia y prevención de los incendios forestales, una tecnología capaz de enviar en tiempo real las imágenes térmicas y visuales de la superficie que capta con sus cámaras. «La regulación

—aprobada en julio pasado— limita su aplicación, pero en el futuro se abrirá y podremos trabajar», ha asegurado hoy el jefe de proyectos y operaciones de la empresa española Eaglevision, José Luis Ayala, durante el acto de presentación de sus desarrollos tecnológicos en el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Su decano, Carlos del Álamo, ha confiado en que los drones (vehículos aéreos no tripulados) contribuyan a la reducción de los incendios, por ejemplo a través de la disuasión de los incendiarios al saberse vigilados. En su opinión, también podrían ser de utilidad para conocer el estado de una masa forestal, controlar una plaga o medir la cantidad de dióxido de carbono de los bosques para averiguar su potencial como sumidero de carbono de cara al cambio climático.

Actualmente, el principal mercado de los drones es el cine y la fotografía, pero su «I+D+i no tiene límites», ha asegurado José Luis Ayala, cuya empresa importa los materiales, pero los desarrollos son 100 % propios. De acuerdo con la actual regulación, los vehículos no tripulados pueden alcanzar una altura máxima de vuelo de 120 metros y la distancia visual desde donde se sitúa el piloto no puede exceder los 500 metros.

Herramientas de apoyo

En el futuro, ha augurado Ayala, los nuevos protocolos de seguridad permitirán que los drones sean herramientas adicionales de apoyo, necesarias y efectivas a los sistemas existentes hoy. Los vehículos no tripulados pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora —aunque la media ronda los 45 kilómetros por hora—. En el caso de Eaglevision, su modelo Voa90 tiene una autonomía de vuelo de 90 minutos —al cabo de los cuales hay que cambiarle las baterías—, hace grabaciones con cámaras térmica y digital, y envía en tiempo real los datos de las inspecciones, ha explicado Carlos Dominique, de la empresa Aerogenix.

Entre los posibles usos del Voa90, cuyo precio es de 60.000 euros, figuran el control y la prevención de los incendios forestales; el transporte de mercancía (carga máxima dos kilos); la asistencia a equipos de emergencia y la inspección de distintas infraestructuras. El dron, añade Dominique, cuya compañía colabora con Eaglevision, puede barrer una zona de forma automática o sobrevolar de forma programada. Para su control se necesitan a dos personas cualificadas.

«La clave está en su integración con los equipos humanos», ha subrayado Ayala, que ha llamado la atención acerca de que colocar un dron en una zona de emergencia requiere de «un protocolo muy» que hoy por hoy no existe. «No creo que 2015 se convierta en el año de los drones», ha remachado.

Según Dominique, el resto de los países europeos también está viviendo ahora una situación muy inicial o embrionaria en el uso de esta tecnología más allá de la grabación aérea. El decano del Colegio de Montes concluye que el desarrollo del mercado también puede posibilitar unos precios razonables.