Confirman que sólo el padre Román será encausado por los abusos sexuales
La Audiencia de Granada confirma que la causa por los supuestos abusos sexuales cometidos por un grupo de sacerdotes, el denominado clan de los Romanones, contra un joven cuando éste tenía entre 14 y 17 años solo continuará contra el padre Román Martínez. Los magistrados entienden, sin entrar en el fondo de los hechos, que sobre los otros once encausados los delitos habrían prescrito, por lo que no se sentarán en el banquillo, según han confirmado fuentes judiciales.
En un auto dictado por la sección primera de la Audiencia se desestiman por tanto los recursos de apelación presentados por la acusación particular ejercida por el denunciante y víctima de los supuestos abusos y la acusación popular que ejerce la asociación Prodeni, y recuerda que el recurso interpuesto por la propia víctima aceptaba «de forma implícita» la prescripción de todos los delitos excepto el de corrupción de menores.
Larga espera
Ya el pasado mes de febrero el juez que instruye el caso apuntaba que, como sostenía la Fiscalía, habían transcurrido «en exceso los tres años previstos en la ley como plazos de prescripción» para los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo o encubrimiento, de los que eran acusados los nueve religiosos y los dos laicos inculpados desde que la víctima, que alcanzó la mayoría de edad en 2008, desvelara el caso al papa Francisco y poco después a la Policía y el ministerio público. En el caso del padre Román, el plazo de prescripción sería de 10 años al investigarse delitos de abuso sexual continuado «con introducción de miembro corporal por vía anal y prevalimiento, castigado con penas de prisión de 4 a 10 años», por lo que aún puede ser juzgado.
Fuentes de la defensa de los sacerdotes han insistido en que la Audiencia «no discute la veracidad o no», y que se limita a considerar si concurre o no la prescripción, por lo que subrayaban el derecho a la presunción de inocencia de sus defendidos.
Las acusaciones alegaron que podría haber un delito de asociación ilícita, lo que hubiera permitido levantar la prescripción.