«La ambición del resto de países será la línea roja de la Unión Europea»

Que en diciembre se logre un acuerdo global contra el cambio climático parece más probable que hace un año, pero aún no está listo ni es inevitable. A dos semanas de que arranque la Cumbre del Clima de París (COP21), que debería superar el Protocolo de Kyoto tanto en ambición como en países implicados, lo que queda por negociar son más que flecos. Fijar cuánto dinero se destinará a compensar a las naciones que más lo sufren y menos lo causan, decidir si el pacto es jurídicamente vinculante o establecer un sistema de revisión de objetivos periódico todavía están sobre la mesa. Valvanera Ulargui, directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ya se ha sentado a la mesa de negociación en varias cumbres y ya prepara su viaje a esta, traslada tanto optimismo como cautela. Y avisa de que, probablemente, de la capital francesa no saldrá un pacto que de solución a todo. «Pero sí esperamos que nos dé un buen marco sobre el que trabajar», asegura.

Aunque la COP21 empieza el 30 de noviembre y acaba el 11 de diciembre, técnicos de más de un centenar de países llevan meses trabajando sobre un texto de consenso -un borrador- que facilite el acuerdo. La ambición de la Unión Europea es que, esta vez, el pacto incluya a todos los países y no a unos pocos como ocurrió con el de Kyoto de 1992. También, que sea vinculante; es decir, de obligado cumplimiento y no solo una declaración de buenas intenciones. Incluso pone condiciones para sumarse. «No podemos permitir que el acuerdo no sea equitativo. La ambición del resto de países será la línea roja de la UE», sentencia Ulargui.

En los últimos meses, los dos principales países por emisión de gases de efecto invernadero del mundo, EE UU y China, que se quedaron fuera del Protocolo de Kyoto, ya han anunciado que están dispuestos a comprometerse. Incluso han presentado sus respectivas propuestas de reducción de emisiones. Pero, como contrapartida, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció que su país no firmará «un tratado internacional». Es decir, un acuerdo que obligue. «Es un tema que Estados Unidos arrastra desde Kyoto. Hace años que dicen que necesitan un acuerdo que pueda pasar fácilmente por su Senado», recalca Ulargui.

Junto a la UE, los estados insulares, África y América Latina apoyan que el acuerdo sea el equivalente de un tratado internacional. «Lo importante es que todos se comprometan a reducir sus emisiones, algo en lo que Estados Unidos está de acuerdo. La diferencia está en si estos compromisos los aceptas en un foro internacional o en uno nacional», explica la directora de la Oficina de Cambio Climático.

«Es la idea con la que trabajamos desde Copenhage», afirma Ulargui, que también formó parte de las negociaciones de esa cumbre, que concluyó en un acuerdo no vinculante y sin plazos -y que todos calificaron de fracaso-. «Desde Kyoto ha cambiado la dimensión del problema y la capacidad de abordarlo. Antes, el grueso de la reducción de emisiones recaía sobre los países desarrollados y ahora todos tienen que comprometerse». Todo lo que figure en el acuerdo, indica, será de obligado cumplimiento, aunque la prerrogativa de ratificarlo recaerá en las instituciones de cada país.