Chollos con mucho riesgo

PABLO RIOJA | LEÓN

Ofertas exclusivas, descuentos desorbitados, gangas de última hora... La crisis ha agudizado el ingenio de cientos de empresas en la provincia que, bajo el paraguas del low cost , aprovechan el temporal para ganarse el favor de nuevos clientes ávidos de chollos que muchas veces se convierten en un riesgo. Clínicas relacionadas con la salud, restaurantes de comida rápida, agencias de viajes, seguros y un largo etcétera de negocios incorporan a sus nombres el apellido ‘precios bajos’ como gran reclamo publicitario. «No hay que demonizar este tipo de establecimientos, pero el usuario tiene que tener claro en todo momento lo que firma», remarcan desde la Oficina del Consumidor de León.

Pese a que no existen datos oficiales del número de empresas low cost que se extienden a lo largo y ancho de León, desde las Oficinas Municipales de Información al Consumidor sí advierten de un repunte en el número de denuncias relacionadas con estos negocios, sobre todo en el ámbito de los franquiciados y, más en concreto, con las clínicas médicas y estéticas. Según fuentes de la Omic en 2015 recibieron una treintena de reclamaciones, la mayor parte por disconformidades a la hora de recibir los tratamientos contratados en un principio. Por ejemplo, «algunos ciudadanos presentaron sus quejas porque les habían cambiado de odontólogo hasta en tres ocasiones durante el mismo tratamiento», señalan o en otros casos «simplemente no quedaron conforme con los resultados finales». Los profesionales insisten en que la mayor parte de estos conflictos surgen porque los afectados no han leído a fondo la letra pequeña de los contratos. «No sirve de nada alegar que la empresa no les explicó de palabra todas y cada una de las cláusulas que firmaban. Hay que pararse antes y comparar detenidamente las condiciones».

Desde la Unidad Móvil de la Oficina del Consumidor de León —que recoge las denuncias que se dan en la mayor parte de la provincia— insisten en que el low cost supone la merma de algo como contraprestación. «Los consumidores no deberían cegarse sólo con los precios bajos sino estudiar a fondo si a la larga les interesa». Eso sí, subrayan que no por el hecho de presentar ofertas llamativas tienen por qué tratarse de estafas.

Por su parte, desde la Federación de Empresarios Leoneses no prevén que este tipo de negocios —más propios de situaciones económicas adversas— se incrementen dentro de León en los próximos años. «Proliferan sobre todo porque sus costes son más reducidos que el de otras empresas, pero al final el ciudadano prefiere la proximidad», considera su presidente, Javier Cepedano. «Hablamos de empresas que en su mayoría son muy grandes e impersonales donde resulta complicado ofrecer un servicio igual de directo que el que pueden dar los negocios locales», finaliza.

Labor de mediación

Una vez que las oficinas de consumo reciben las quejas de los usuarios, su labor se centra —sobre todo— en iniciar un proceso de mediación entre la empresa y el cliente afectado. «Su resultado tiene la eficacia de un acuerdo entre ambas partes y la administración no puede obligar a su cumplimiento», aclaran. El también conocido como arbitraje de consumo es un procedimiento rápido, sencillo, voluntario y gratuito que ofrece la administración local en el que tres árbitros —uno perteneciente al sector de los empresarios, otro al de los consumidores y otro al de la propia administración— dirimen una controversia emitiendo una resolución que pone fin al conflicto y que es de obligado cumplimiento por ambas partes. Otras labores de la Omic se centran también en realizar tareas de información, formación y educación en materia de consumo así como garantizar la defensa de los intereses y derechos de los consumidores protegiendo su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos.

Por su parte, los consumidores tienen derecho a la protección de la salud y a la seguridad, de modo que los productos y servicios que se oferten no impliquen riesgos para los consumidores y usuarios. El derecho a la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, y a la calidad de los bienes y servicios.

El derecho a la información y a la educación en materia de consumo, para facilitar el conocimiento sobre los diferentes productos y servicios y su adecuado uso, consumo o disfrute. El derecho a la representación, consulta y participación en los asuntos que les afecten y en la elaboración de disposiciones generales y el derecho a la protección jurídica y administrativa, así como a la reparación o indemnización de daños y perjuicios.

El consumidor puede dirigirse a la Omic personalmente o por escrito (mediante carta, fax, correo electrónico…) planteando la consulta sobre la que solicita información, los hechos sobre los que reclama o la denuncia que presenta. La reclamación y la denuncia deben formularse siempre por escrito, ya sea el impreso de hoja de reclamación facilitado por el establecimiento o mediante un escrito dirigido a la Omic, debiendo aportar toda la documentación acreditativa de los hechos reclamados y de la pretensión solicitada.