El rey del porno captó a una menor con drogas

mateo balín | madrid

La supuesta red de pornografía liderada por Ignacio Allende Fernández, alias Torbe, el rey del porno español en prisión incondicional, fue desmantelada tras la denuncia de una menor que fue captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos. La chica aceptó en un principio tras ofrecerle entre 300 y 450 euros, pero luego se negó y fue coaccionada y obligada contra su voluntad a realizar escenas sexuales mediante el consumo de drogas, según la versión policial. Este era, según los investigadores, el modus operandi que podría haber estado utilizado Torbe para atraer a otras posibles víctimas menores. Una hipótesis que gana fuerza después de que la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional visionar el material incautado en los registros, en el que localizaron vídeos de otra menor publicados en la web del director, Putalocura.com, y para cuyo visionado completo se exigía pagar una determinada cantidad de dinero. Debido a la complejidad de encontrar a estas adolescentes, la policía pidió este sábado a la ciudadanía que denuncie, de manera estrictamente confidencial, cualquier hecho relacionado con la llamada ‘operación Narsés’. Para ello abrió dos canales de comunicación, un teléfono (900105090) y un correo electrónico, trata@policia.es.

Vínculo ucraniano

No obstante, desde el entorno del director y actor porno defienden que Torbe solía pedir el DNI a las jóvenes que accedían a participar en sus vídeos para evitar problemas, aunque era un asunto «propenso al engaño» porque algunas chicas no tenían 18 años y trataban de disimularlo para ganarse unos euros. En cualquier caso, el testimonio de la denunciante es, de momento, el sostén de la investigación que dirige un juzgado de Madrid por delitos de pornografía infantil, entre otros. De ahí que la policía busque nuevos testimonios de posibles menores para reforzar los indicios delictivos de la causa. Vínculo ucraniano en Murcia Tras la denuncia de la primera menor, los investigadores cruzaron los datos recabados con los de otras pesquisas llevada a cabo por la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos, en las que dos mujeres, una española y otra extranjera, denunciaron que estaban siendo obligadas a prostituirse en Murcia. La relación de todo ello llevó a los policías a dar con un entramado internacional que, supuestamente, proveía de mujeres ucranianas para rodar escenas pornográficas, a menudo en contra su voluntad. Esta red captaba supuestamente a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones, en ocasiones manteniéndolas encerradas, según ha asegurado la policía.