Psiquiatría bajo sospecha

cristina fanjul | león

Están dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos y, según sostienen, la legalidad. Denuncian «fraude» en las oposiciones celebradas el pasado año para cubrir 17 plazas de licenciado especialista en Psiquiatría y aseguran que las preguntas y la composición del tribunal se hicieron a la medida de determinadas personas que consiguieron los primeros puestos —primero y segundo— en el proceso de selección. «Tenemos bastantes pruebas que demuestran que todo estaba preparado para que dos personas encabezaran las listas: Juan Luis Muñoz Sánchez y Laura Martín López-Andrade», defiende uno de los afectados, que asegura que los beneficiados tienen una relación laboral y personal estrecha con dos de los miembros del jurado, Manuel Franco, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Zamora, y Fernando Colina, jefe emérito del Río Hortega de Valladolid. Además, aseguran que el presidente del Tribunal ya había sido revocado en otra ocasión por irregularidades en la oposición. En este sentido, el recurso de alzada recoge que los aspirantes que ocupan los primeros lugares de los listados pertenecen a los mismos servicios que los miembros del Tribunal, de manera que el primer y el tercer aspirante pertenecen al Servicio de Psiquiatría de Zamora, al igual que Manuel Franco, y la segunda y la séptima al Servicio de Psiquiatría del Hospital Río Hortega, igual que Fernando Colina. «Además, existe una relación personal directa entre el jefe de servicio del Río Hortega y la aspirante que ocupa el segundo lugar, de manera que Fernando Colina y Laura Martín Andrade tienen una colaboración muy estrecha en la Asociación ‘La revolución delirante y la Escuela AEN’», denuncian. Asimismo, añaden que los miembros del Tribunal han realizado sesiones clínicas en sus servicios en los que han tratado de manera específica temas complejos de los que luego se ha preguntado en la oposición.

Destacan que una de las anomalías del examen fue el desfase en las notas obtenidas. Y es que mientras que los dos aspirantes que obtuvieron el primer y segundo puesto lograron una nota cercana al nueve, especialistas con 15 años de experiencia laboral en la función pública apenas rozaron el cuatro. «La nota media es un tres y medio, con lo que sacar un nueve, simplemente desde el punto de vista estadístico, es injustificable, y esa es una de las cosas por las que el examen se debería anular». Los afectados — varios de ellos leoneses— aseguran que la razón para este decalage en las calificaciones se explica porque, de lo contrario, los dos ‘elegidos’ habrían sido sobrepasados en puntuación debido a la experiencia profesional de muchos de los médicos que obtuvieron notas irrisorias. «A una persona que lleve diez años trabajando le habría valido un cinco para posicionarse en primer lugar», alegan.

Esta es una de las razones por las que han presentado un recurso de alzada ante la Consejería que están seguros no será aceptada. Y es que uno de los argumentos con los que los concurrentes defienden sus argumentos es la amistad personal y la «admiración profesional» que existe entre el consejero y Fernando Colina.

La denuncia cuenta con el apoyo de la Asociación castellana y leonesa de Psiquiatría, cuyos miembros aseguran que el examen se desarrolló «en condiciones de desigualdad, de favoritismo hacia una de las corrientes más minoritarias de la psiquiatría, de desproporcionalidad en la elaboración de los contenidos necesarios para la evaluación de las competencias profesionales y —en definitiva— no reúne las condiciones para otorgar las plazas con criterios de equidad y justicia».

Preguntas a medida

Y? es que las preguntas del examen fueron diseñadas, a juicio de los afectados, con el fin de que las personas citadas obtuvieran las calificaciones acordadas, impidiendo además con ello que el resto tuviera posibilidades de llegar al cinco. Así, aseguran que las 150 preguntas no se rigieron por criterios científicos, sino por ««opiniones» o «creencias subjetivas». Explican por ejemplo, que 35 de las preguntas se refieren a la Historia de la Psiquiatría, un 30%, cuestiones que nada tienen que ver con la práctica clínica habitual, mientras que otras siete corresponden a la corriente del psicoanálisis, que no está dentro del temario ni pertenece a la cartera de servicio de Sacyl. Sin embargo, alertan de que «han formado parte de los cursos impartidos por Fernando Colina y la aspirante que figura en el listado en el segundo lugar». A este respecto, los expertos de la Asociación castellana y leonesa de Psiquiatría aseguran que muchas de las corrientes que fueron objeto de preguntas en el examen han sido «invalidadas por la evidencia científica actual». Además, precisan que algunas teorías derivadas de ellos, como la psicoterapia de la psicosis «se consideran contraindicadas hoy en día como método terapéutico a la luz de las nuevas evidencias disponibles que han encontrado pruebas de daño cerebral progresivo en los que no reciben antipsicóticos adecuadamente».

Por último, en el recurso de alzada se explica que el 14 de noviembre se publicaron las respuestas correctas y al día siguiente, sin que se celebrara reunión alguna del tribunal calificador, aparece una nueva plantilla de respuestas. Los doctores defienden que el tribunal atendió unos criterios de puntuación que no se correspondieron a lo previamente estatuido en las bases y que pueden generar dudas acerca de si la nota de corte se fijó una vez conocida la identidad de los aspirantes», denuncian.

Por todo ello, la asociación castellana y leonesa de psiquiatría solicita también la anulación de la prueba y califica el procedimiento de evaluación de «inaceptable». «La oposición debería ser sometida a una completa revisión que evitara el sesgo acientífico y la desconsideración para todos los opositores», reivindica.