Cómo acabar con las bodas sin amor

ana gaitero | león

Cuando España decía adiós a la antigua cultura de los matrimonios concertados, irrumpió en su mapa la realidad de otras culturas a través de la inmigración. En la localidad gerundense de Salt, con un 30% de población extranjera, lo conocen saben bien.

Desde 2014, año en que se puso en marcha Valentes i acompanyades (Valientes y acompañadas), han logrado rescatar de bodas forzosas o apalabradas por las familias un total de 50 jóvenes, algunas de las cuales se han convertido en referentes de su comunidad y también de toda Cataluña para animar a otras a rebelarse contra una imposición cultural que decide su destino por ellas.

Así lo explicó ayer Elisabet Iglesias, coordinadora del programa, en las X Jornadas de Mujeres Inmigrantes organizadas por la Fundación Isadora Duncan en el Musac. Desde su fundación Valentes i acompanyades trabaja en la prevención para ayudar a «niñas catalanas, nacida aquí, hijas de mujeres que vinieron por reagrupación familiar hace 20 años, que se encuentran con propuestas de bodas que terminan en matrimonios forzados», explica Iglesias.

Cuando empezaron el programa, las chicas tenían 14 o 15 años. Ahora son el modelo para otras muchachas cuyas familias consideran que un matrimonio arreglado es lo mejor para su futuro, aunque eso pase por «regresar a Gambia con 16 años para aprender a ser una buena esposa en la casa de su suegra» o imponerle el matrimonio con un joven que vive en Francia y le presentan a través de una foto.

Son casos reales. Como el de una marroquí que ha decidido romper con su familia para no casarse tal y como había pactado con otra familia desde su niñez o el de una paquistaní que finalmente se casará con el joven elegido por su madre y su padre. «Romper con el núcleo familiar y la comunidad es lo más duro por eso el programa se llama valientes», explica.

El programa ofrece recursos habitacionales y formación urgente para que puedan encontrar trabajo y ser autónomas. Muchas veces lo que alienta el matrimonio concertado y prematuro es «deshacerse de la carga» de mantener a la hija o simplemente adquirir estatus con la unión con otra familia. El principal escollo del programa, que actualmente trabaja con 43 jóvenes, son las ayudas económicas puesto que «muchas no se conceden si no hay denuncia de por medio y las chicas ya tienen bastante con la ruptura familiar», precisa.

La práctica de los matrimonios forzosos y concertados, que estaba oculta, ha emergido gracias al programa que se lleva a cabo en coordinación con institutos subdelegación del Gobierno, Diputación provincial y Mossos de Esquadra. Una de las claves de la prevención es el éxito escolar: «Si las niñas terminan la ESO es más fácil que luego decidan continuar los estudios» y evitar que sean enviadas a los países de origen familiar a estas bodas concertadas.

Pero el arraigo cultural que tiene esta práctica y la creencia de las familias de que «es algo bueno para sus hijas» hace que sea necesario trabajar también las familias, sobre todo con las madres que en ocasiones son las que tienen la última palabra, como recordó David Moya, profesor de Derecho Constitucional del Observatorio de Dret Público de la Universitat de Barcelona.

Moya explicó que penalmente el matrimonio forzado está castigado con prisión de seis meses a un año, pero en la práctica no existen denuncias y no es la mejor vía. «La solución penal es la punta del iceberg de casos extremos con violencia e intervención de la Fiscalía de Menores», añadió.

Las soluciones pasan por medidas preventivas, muy similares a las puestas en marcha frente a la mutilación genital femenina. También apuntó que hay un 6-8% de casos de chicos obligados a casarse, aunque por regla general no sufren las limitaciones posteriores de una mujer: «Pueden seguir con sus novias y no pasa nada», precisó Iglesias.