Barcelona y Madrid, solas con la polución
El Gobierno no envía más medidas a Bruselas para reducir la contaminación.
Contaminación en Madrid en noviembre. JUAN CARLOS HIDALGO
alfonso torices | madrid
El Gobierno no tiene intención de comunicar a la UE medidas adicionales para tratar de evitar que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por vulnerar los límites máximos comunitarios de contaminación atmosférica.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, reunió el 30 de enero en Bruselas a los nueve países infractores, entre ellos España, para darles un ultimátum: o le presentaban medidas efectivas para revertir sus incumplimientos —para lo que tenían como fecha tope mañana viernes, 9 de febrero—, o la Comisión, que tiene abiertos contra ellos expedientes sancionadores desde hace años, los denunciaría y solicitaría que sean multados.
En el caso de España tienen abiertos siete expedientes, pero los incumplimientos fundamentales se dan en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, donde se superan las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), procedente de la quema de carburantes de los vehículos, y en el caso catalán también se excede en la emisión de partículas PM10, generadas por la industria y las eléctricas. Hay otros casos menores en Andalucía y Asturias.
La ministra de Medio Ambiente explicó hoy en el pleno del Congreso que España ya comunicó a Vella en la reunión del 30 de enero qué medidas se van a tomar para tratar de cumplir con los límites de contaminación, pero no indicó que vaya a utilizar el plazo adicional para añadir nuevas acciones que minimicen la posibilidad de la denuncia.
García Tejerina señaló que, en enero, se le informó de las acciones de mejora que van a emprender los ayuntamientos y las comunidades autónomas, «que son los competentes para garantizar la calidad del aire», y de las medidas de apoyo que lanzará el Ejecutivo, contenidas en el Plan Aire II, que invertirá 276 millones en ayudas para la adquisición de vehículos limpios. La titular de Medio Ambiente, dejó muy claro que la responsabilidad de evitar las sanciones comunitarias es de los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona, en manos de Podemos y sus confluencias.