Un ejército de exclusiones
Uno de cada cinco españoles tiene vedado ser policía o militar por ser diabético o tener VIH Las asociaciones de pacientes proponen que se estudie cada caso en particular.
colpisa | madrid
Las asociaciones de pacientes que representan a los diabéticos, los celíacos, las personas con el virus del VIH y a quienes tienen psoriasis se han unido para denunciar que estos enfermos, uno de cada cinco españoles, sufren desde hace décadas «una total discriminación laboral por parte de las administraciones», que les impiden acceder a la mayor parte de los empleos públicos vinculados a la seguridad.
La discriminación laboral se basa en unas ordenes ministeriales con una antigüedad de entre 10 y 30 años, que incluyen todas estas dolencias y otras más como motivo de exclusión para poder acceder a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a las policías locales y autonómicas, y a otros cuerpos como los bomberos o los funcionarios de prisiones y que además son secundadas en el veto por sectores privados como el de los guardias de seguridad o las azafatas de vuelo.
Las organizaciones explican que se trata de unas barreras laborales caducas porque los avances médicos y los tratamientos de todas estas dolencias, que padecen casi 10 millones de españoles, han minimizado los síntomas, y han permitido que los pacientes lleven una vida absolutamente normal y que puedan desarrollar, también con normalidad, cualquier tipo de empleo, como respaldan los informes de las sociedades científicas de las cuatro patologías.
Por este motivo, las organizaciones en defensa de estas enfermedades han enviado una carta a la ministra de Política Territorial y Función Pública en la que le reclaman que, «con urgencia», antes de que acabe el año, el Consejo de Ministros apruebe un real decreto con el que modifique las órdenes que regulan los cuadros de exclusiones médicas para el acceso a estos empleos públicos. La modificación que proponen es que el diagnóstico, la enfermedad que padece, no pueda ser motivo para excluir a nadie de un empleo público y que, en todo caso, sea la valoración clínica de cada uno de los aspirantes la que indique si está o no capacitado para ejercer esa función o profesión.