El sindicato de prostitutas carga contra el «feminismo burgués»

Cristian Reino /Doménico Chiappe | madrid /barcelona

El recientemente constituido sindicato de prostitutas, registrado como Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) en el BOE, pidió ayer la dimisión en bloque del Gobierno, empezando por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Concha Borrell, portavoz del colectivo, compareció en Barcelona para afirmar que le parece «increíble» que el Gobierno del Estado «no sepa qué es legal y qué no lo es». «En ningún lado del Código Penal dice que ejercer la prostitución voluntaria sea ilegal», añadió en una rueda de prensa, en la que el colectivo no ha admitido preguntas pues considera que aún se encuentra en una fase embrionaria del proceso de creación del sindicato.

Después de que el Ministerio de Trabajo diera el visto bueno a la creación del sindicato, sin el conocimiento de la ministra, Magdalena Valerio, que el jueves reconoció que le habían «colado un gol» con el expediente y que pedirá cómo puede anularse, el sindicato de trabajadoras sexuales reivindicó su derecho a defender a sus asociados (Otras acaba de nacer y aún no facilita cifras de sindicados). «No existe ningún trabajo en el que sus trabajadores no puedan sindicarse», agregó Borrell. Y apuntó que les asiste el derecho a agruparse como colectivo de trabajadores en la medida en que las administraciones siguen concediendo licencias de apertura de burdeles, por lo que la profesión es totalmente legal en España. «¿Si ahora quieren prohibir el sindicato, qué será lo próximo?», remató.

El sindicato leyó un comunicado en el que explicó que la situación de las trabajadoras sexuales en España las ha llevado a materializar el colectivo. «Somos trabajadores y trabajadoras como usted, con la diferencia de que para nosotras los derechos se han convertido en una utopía». A su juicio, reclamar derechos laborales es de «justicia», frente al que calificaron como «feminismo blanco heterosexual y burgués» que puede pensar que reclamar derechos para el colectivo es una «atrocidad».

El Ejecutivo no cede

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, no cambió su postura respecto al «gol por la escuadra» que, reconocen, les metió Otras. «El Gobierno no acepta de ninguna de las maneras que haya un sindicato de trabajadoras del sexo», aseguró la portavoz Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros. «La Abogacía del Estado se ha puesto ya a estudiar cómo arreglar esta cuestión. No parece difícil. Hay varias vías, una de ellas parece la más rápida, y a esa iremos». La intención es declarar nula de pleno derecho la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de agosto por la «vía más rápida».

En un asunto tan delicado existen dos posturas claras, los que piden la legalización o los que reclaman la abolición.

Coacción

Los datos esgrimidos por el Ejecutivo de que el 90% de quienes ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción proviene de una encuesta publicada en 2003 en Journal of Trauma Practice , conclusión extraída de la pregunta «¿Le gustaría dejar la prostitución?». Otra encuesta, realizada en Madrid en 2006 por la organización Hetaira, concluye que el 85% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace de forma voluntaria. «La del 90% es una cifra falsa», sostiene Rubèn García Alonso, experto en psicología social de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). «Depende de cómo formulas la pregunta en las encuestas. Si interrogan: ‘¿alguien te obliga a ejercer?’ la respuesta mayoritaria será ‘no’; si preguntas: ‘si tuvieras el doble de dinero, ¿ejercerías la prostitución?’, también dirían que no.

UGT defendió ayer la lucha contra la trata de seres humanos con cualquier finalidad y, en el caso concreto de la prostitución, ha instado al Gobierno a la abolición de la misma y a la penalización de su demanda.

Todo ello con el objetivo de «acabar con el comercio de seres humanos y con la vulneración de derechos fundamentales que representa la explotación sexual en cualquiera de sus formas»señala UGT, después de que ayer el Gobierno anunciara que ha pedido la anulación.