EL CALVARIO DE LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA
«Nos toman el pelo y somos personas, no juguetes»
Ni valoraciones ni indemnizaciones. Las personas que nacieron con malformaciones físicas por el efecto del fármaco talidomida recetado por los médicos a las madres embarazadas entre 1955 y 1985 no han recibido aún el resultado de sus reconocimientos médicos previos al pago de las indemnizaciones aprobadas en el Senado por el PP en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El nuevo ejecutivo del PSOE vuelve a negociar con las víctimas, que rechazan la propuesta de contribuir a Hacienda con casi la mitad de las aportaciones recibidas. Los leoneses afectados esperaban las primeras indemnizaciones este mes de enero, pero ni siquiera se ha reunido el comité de expertos que tiene que considerarlos oficialmente víctimas..
María Vicenta López Escudero, leonesa afectada por la talidomida. SARA CAMPOS
carmen Tapia | León
«La vía de las indemnizaciones está muerta. Nos están tomando el pelo y somos personas, no juguetes». La leonesa María Vicenta López fue la última afectada leonesa por la talidomida que en septiembre cerró las citaciones para someterse al examen médico previo exigido por Sanidad para evaluar su estado y demostrar que sus malformaciones físicas tienen origen en el consumo del principio activo del medicamento de la farmacéutica Grünenthal, que los médicos recetaban a las madres gestantes a principios de los años 60 para aminorar las náuseas y los vómitos provocados por el embarazo.
Antes que ella y desde el mes de mayo de 2018 pasaron por el Hospital Clínico de Valladolid otros 47 castellanos y leoneses —al menos otros cuatro de León— que esperan un reconocimiento como víctimas del medicamento y las indemnizaciones comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno del PP aprobó en abril del 2018 una partida de 20 millones de euros—que los afectados consideran insuficiente— para financiar ayudas a personas a las que se reconozca que las malformaciones físicas que padecen fueron provocadas por la talidomida. En el registro de personas que se han sometido a los reconocimientos médicos hay 550 afectados en toda España. «El acuerdo se aprobó en el Senado con el PP ya presentada la moción de censura contra Rajoy y ahora el nuevo ejecutivo nos da largas», explica el presidente nacional de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), Rafael Bastecherrea, que el miércoles mantendrá una reunión con el secretario de Estado de Hacienda.
Tributar
La propuesta del PSOE es que las indemnizaciones que lleguen a los afectados, que estará en función del grado de discapacidad, contribuyan a Hacienda con casi un 50% de lo aportado, según explica Bastecherrea a este periódico. «Consideran que la indemnización es estratosférica. Pedimos la exención de impuestos, como el resto de los afectados europeos y otras víctimas como las de tráfico, terrorismo o colza. Las indemnizaciones están exentas de pagar a hacienda. Rechazamos percibir un 850% menos que las víctimas alemanas o un 450% menos que las irlandesas», destaca Bastecherrea que acusa al Estado español de actuar siempre «en colaboración directa con las farmacéuticas y no tener en cuenta a las víctimas». La asociación sometió a votación de sus afectados la propuesta del Gobierno. «De los 300 que pertenecen a la asociación sólo dos votaron que si», explica Manuela, hermana de Generoso Turienzo, uno de los afectados que tiene dificultades para hablar tras un accidente sufrido hace 12 años, aunque su secuela por la talidomida está en el brazo. «Los del Gobierno son unos impresentables. ¿Por qué tienen que tributar por las indemnizaciones?. Hemos pagado de nuestro bolsillo los desplazamientos para los reconocimientos médicos en Valladolid, tendremos que pagar el asesoramiento legal que estamos recibiendo y también quieren que la indemnización tribute a Hacienda. Mi hermano tiene 60 años. ¿A qué esperan?. El Gobierno sabe que la gente se muere y se han pasado toda su vida sin recibir ninguna ayuda ni reconocimiento por esta causa».
El acuerdo con el anterior ejecutivo establecía que en enero de 2019 llegarían las primeras indemnizaciones, pero la realidad es que tras las valoraciones clínicas hechas por las comunidades autónomas aún no se ha reunido el comité de expertos nacional, con sede en el Instituto de Salud Carlos III, formado por siete profesionales, para establecer el veredicto final. «Siguen sin ser liberados de sus trabajos para hacer estos informes y no tenemos las conclusiones», explica Bastecherrea.
«A las pruebas se presentaron más personas que socios somos en Avite», explica Soraya Gómez, afectada leonesa. «Se nos dijo que a principios de año sabríamos algo, pero no hay nada nuevo». Los reconocimientos, según denuncia Soraya, se hicieron a cuentagotas «todo se alargó y ahora lo tienen todo parado».
Para la evaluación clínica, los afectados se sometieron por las consultas de genética, oftalmología, otorrinolaringología, ecografía y cardiología.