El indulto amargo de una activista leonesa
Carmen Bajo Crémer no tiene que entrar en prisión pero tiene que hacer frente a una multa de 2.888 euros.
Carmen Bajo Crémer vive en Granada. DL
Fue el día de la Mujer. Después de cinco años con una condena de tres años y un día sobre su cabeza por participar en un piquete en la huelga general de marzo de 2012, a la activista leonesa Carmen Bajo Crémer le llegó el indulto parcial.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, según lo acordado en el Consejo de Ministros del 8 de marzo, firmó el decreto de indulto parcial por «razones de justicia y equidad» que el Boletín Oficial del Estado publicó el lunes 11 de marzo.
«Vengo a indultar a doña Carmen un año y un día de la pena privativa de libertad impuesta en condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación de este decreto».
Pero, como dice el refrán, poco dura la alegría en casa del pobre. A los días, esta leonesa afincada en Granada, donde fue juzgada y condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 por un delito contra los derechos de los trabajadores, recibió el requerimiento para que abonara los 12 meses y un día de multa, a razón de ocho euros por día, que no fue condonada con el indulto. En total, 2.888 euros.
Hasta ahí todo parecía normal. El revés llegó cuando la mujer solicitó abonar la multa de forma fraccionada porque no dispone en efectivo para hacer frente a esta cantidad de dinero, ni facilidades para conseguirlo. Le dijeron que no era posible.
Carmen Bajo lamenta que una medida que ha tardado tanto tiempo en llegar «no termina de solucionar un tema tan doloroso y que ha hecho tanto daño, no sólo a mí sino a todos los que fueron condenados» por participar en aquel piquete informativo.
La leonesa, que había participado activamente en las movilizaciones del 15-M un año antes, se sumó a uno de los piquetes de la huelga general del 12 de marzo. La denuncia que la sentó en el banquillo partió de la dueña de un bar en el que entraron para pedirle que cerrara en solidaridad con la huelga.
La denunciante alegó días después que le habían roto un cristal y causado daños por importe de 700 euros. La denunciada alegó en su defensa que en ningún momento se realizaron actos violentos y aunque puso por testigo a agentes de la policía, «que nos escoltaban», fue condenada a tres años y un día por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada.
La pena de privación de libertad fue reducida a la mitad por acogerse a la reforma del artículo 315 del Código Penal y finalmente eliminada con el indulto, pero la condena económica sigue en vigor y ahora no sabe cómo hará frente a este pago. Ha buscado ayuda en la Unión Provincial de CCOO y de UGT así como en Equo Verde Andalucía.