INTERNET, DERECHO FUNDAMENTAL
maría j. muñiz
Disfrutar de derechos fundamentales como la educación, el empleo, la libertad de expresión o de información o la sanidad, directamente ligados con la dignidad de las personas, depende hoy del acceso a internet. De ahí la necesidad de convertir este acceso en un derecho fundamental, que esté recogido en la Constitución específicamente y que permita recurrir por vía de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando se vulneren algunos de sus aspectos, desde la accesibilidad al pluralismo, la no discriminación, transparencia, seguridad, neutralidad,... Es la propuesta de la doctora Tamara Álvarez Robles, que propone una reforma constitucional en la que se garantice el derecho de acceso a internet con la siguiente redacción: «Toda persona tiene derecho a acceder a internet, y a las tecnologías que lo posibilitan, con independencia de su situación personal, social, económica o geográfica. Los poderes públicos garantizarán un acceso neutral, público, universal, asequible y de calidad basado en los principios de accesibilidad, pluralismo, no discriminación, transparencia y seguridad. Los poderes públicos se comprometerán a remover los obstáculos que dificulten el derecho de acceso a internet, a combatir la brecha digital a través de la capacitación y la educación digital».
Álvarez Robles, además de investigadora docente de Derecho Constitucional (ahora en la Universidad de Vigo), defiende que quienes son nativos digitales no pueden renunciar a internet, porque «supondría abdicar al estatus mismo de ciudadano». E incide en la necesidad de tratar este tema de actualidad y urgencia «con seriedad. Y también con reflexión y buscando visiones multidisciplinares. El tiempo de investigación que se exige ahora en España es escaso y poco financiado, pero cuando hablamos de derechos fundamentales es necesaria la reflexión».
La investigadora dedica su labor docente a las áreas de Derecho Constitucional y el máster de asesoría jurídica de empresas, además del Derecho de Seguridad de Datos en el Máster de Inteligencia de Negocio y Big Daa en Entornos Seguros, con la Universidad de Burgos; y derecho en la Unión Europea y en Relaciones Laborales en la de Vigo.
En el Grupo de Innovación Docente de la Universidad de León (Gadiule) participó en las estrategias de identificación, apoyo y seguimiento de colectivos con necesidades especiales; y ha realizado estancias de investigación en el University College of Dublin, la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia, la Széchenyi István University de Györ en Hungría, la Universidad Nacional de Servicios Públicos de Budapest y la Universidad Pázmán y Péter Universidad Católica de Budapest; y acaba de participar en un encuentro en la Universidad de Miño, en Braga, desde la que colabora en un proyecto de la Cátedra Jean Monet. Además de trabajos en ciberseguridad ha participado en el trabajo para una nueva regulación del referéndum y la iniciativa popular en España, entre otros.
En la Universidad de León Tamara Álvarez Robles realizó su tesis sobre El derecho de acceso a internet en el constitucionalismo español, dirigida por Esther Seijas; un tema sobre el que ha seguido investigando a nivel internacional.
La doctora defiende que el Estado tiene que «reformularse como estructura» ante la globalización, ya que el ciberespacio es «una nueva dimensión que afecta al poder estatal, y que produce una ruptura del tradicional principio de territorialidad». En este entorno surge la necesidad de que «un Derecho Constitucional del siglo XXI responda a las realidades sociales eficiente y eficazmente», lo que requiere una adaptación al «nuevo derecho tecnológico-digital».
Su trabajo defiende que la hiperconectividad, no sólo personal (redes sociales, dispositivos personales, ciborgs) sino de las cosas que nos rodean, obliga a considerar internet «como una herramienta necesaria para las nuevas generaciones, sin la cual se afectaría el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales». Aunque matiza que «considerar internet sólo como una herramienta es no entender la realidad que nos rodea», porque más que eso es «el ámbito en el que se desenvuelve la sociedad, la sociedad digital». Que no es entendida igual por los migrantes digitales que por los nativos, ya que estos últimos «basan su relación en estas tecnologías, en conexión con la dignidad».
Globalización
Un entorno que pasa también por la redefinición del concepto de globalización como un conjunto de factores políticos, jurídicos, económico y tecnológicos que «crean, multiplican, aceleran e intensifican interdependencias alterando el tiempo y el espacio a nivel mundial». Y con ello las personas tienen una cada vez mayor dependencia de la conexión, mientras el cambio entre lo local y lo distante modifica el concepto de la propia sociedad. Y propicia también la aparición de nuevos poderes.
Si el ámbito cibernético es el nuevo ámbito social, la presencia del Estado tiene que ofrecer una doble seguridad: la garantía de los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos y la autolimitación de su poder. «De no ser así puede aparecer el abuso de los estados en el ciberespacio, un estado policía, vigilante y controlador frente a uno garante, árbitro y facilitador».
En este contexto el derecho de acceso a internet se ubica como de origen supraestatal y de impulso internacional. De hecho, frente a las imperfecciones de la normativa aprobada en España en los últimos años en este ámbito Álvarez Robles defiende que «la Unión Europea nos está haciendo el trabajo con su exigencia de garantías». Y advierte de que redacciones un poco ambiguas o poco reflexionadas, como aparecen por ejemplo en la Ley de Protección de Datos, «pueden afectar a cómo se va a pronunciar, tiene trascendencia sobre toda la sociedad». Destaca que se han cometido errores «sobre todo en las enmiendas parlamentarias. Y ojo cómo legislamos sobre estas materias, porque determinan las interpretaciones de los derechos de toda la sociedad».
En su defensa del acceso a internet como un derecho fundamental la investigadora leonesa recuerda que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) entiende la red como un bien público global, que desarrolla el papel de árbitro internacional para garantizar los derechos y libertades humanos frente a las injerencias de los estados. Y entiende también que estas libertades no pueden darse sin las infraestructuras y las tecnologías necesarias, «trascendiendo de la visión técnica a una visión cultural, social y política».
En el caso de la Unión Europea los avances en este sentido se centran en «generar una sociedad más justa e igualitaria», por lo que el acceso a internet se justifica como necesario para favorecer derechos como la educación, información, comunicación, participación pública o protección de datos. Tendencias que son ratificadas por las sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la UE.
En el caso español Álvarez Robles advierte sobre una «pluralidad normativa» y la existencia de «dos esferas: la capacitación y la infraestructura, es decir, la tenencia de las tecnologías y la formación para su manejo, lo que da lugar a la brecha digital». Todo ello en una sociedad en la que impera la obligatoriedad del uso de la administración electrónica y el creciente interés por la democracia digital. «El derecho de acceso a internet es una herramienta de participación que acerca la democracia y las instituciones al ciudadano, es decir, que aumenta la calidad democrática».
Además, tanto el acceso como la alfabetización digital son las herramientas de «contención de las desinformaciones y las fake news». Principios a los que debe sumarse el de neutralidad de la red, «que tiene una naturaleza vertebradora para el desarrollo propio de la red al suponer la libertad de acceso a los contenidos y las aplicaciones elegidos por los usuarios, la no discriminación, la seguridad y la transparencia frente a las tensiones económicas y los intereses de mercado». Una neutralidad que conlleva la prohibición de la «ralentización, degradación o bloqueo de la comunicación, una mínima calidad del servicio, el deber de información,...».
La importancia de estos principios hace que la doctora «desaconseje que el derecho de acceso a internet sea desarrollado y garantizado a nivel autonómico, pues podría suponer la quiebra aún mayor de la red y la posible aparición de desigualdades en las diferentes partes del territorio nacional».
En conclusión, defiende que el derecho de acceso a internet se regule como un derecho fundamental, que implica mayor compromiso; y «la opción más efectiva es la reforma constitucional. Se trata de una condición previa para asegurar el disfrute de otros derechos intrínsecamente relacionados con la dignidad de la persona, como la educación, la sanidad o las libertades de información y expresión».