Frente social en Castilla y León contra la crisis

Once colectivos de Castilla y León, entre las que figuran organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asociaciones vecinales, feministas sindicatos y grupos políticos, impulsan un plan de choque social para la Comunidad autónoma ante la crisis derivada del coronavirus.

Ese plan de choque nace con la voluntad de agrupar a más organizaciones y colectivos de la autonomía en torno a la idea de que la crisis sanitaria, social y económica actual derivada de la pandemia deL Covid-19 no pueden pagarla las clases populares y trabajadores, según han señalado en un comunicado.

Al respecto, recuerdan que otras crisis las han pagado «siempre las mismas personas, las de abajo» y pretenden que esta vez no suceda lo mismo.

Este plan de choque social sigue la misma línea que el respaldado el pasado marzo a nivel estatal por más de 600 organizaciones.

En Castilla y León la plataforma que impulsa el plan de choque social está integrada por la PAH, Stop Desahucios Castilla y León, Ecologistas en Acción, CNT de Valladolid, la Oenegé Entrepueblos, Anticapitalistas Castilla y León, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid y la asociación vecinal La Calle de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

También se suman al plan de choque social el colectivo feminista Pandora, la Asociación Mujeres del barrio vallisoletano de Rondilla y el sindicato CGT de León.

El colectivo ha pedido medidas de calado social y laboral muy diferentes a las tomadas en la crisis de 2008 y que se mitigue también la crisis climática y de biodiversidad actual.

La agrupación ha criticado las reformas laborales aprobadas por los sucesivos gobiernos durante la anterior crisis económica en España por precarizar el empleo, generalizar los despidos» y generar «grandes dosis de sufrimiento, empobrecimiento y empeoramiento de las condiciones de vida de la población».

Por ello, ante la situación de pandemia sanitaria y las consecuencias socioeconómicas que tendrán han planteado un plan de choque social basado en la defensa de los servicios públicos y la reversión de los que se han privatizado para lograr «una protección social universalizada y eficaz».

También han pedido que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna y a suministros básicos, se regularice de forma inmediata la situación de personas migrantes y se defiendan los derechos y libertades especialmente de los colectivos más vulnerables.

Entre sus postulados también figura el reparto del trabajo y la riqueza e instaurar una «renta básica incondicional» para que existan unas condiciones de vida digna, la derogación de las reformas laborales y que no se pague con fondos públicos la deuda generada por la banca privada.

Emergencia

Por su parte, Oxfam Intermón ha puesto en marcha un programa de emergencia en España para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la covid-19, que apoyará a 10.000 familias y colectivos en situación de vulnerabilidad en una veintena de ciudades.

Según la oenegedé el programa que desarrolla en coordinación con 30 organizaciones cubrirá necesidades básicas como alimentos, medicinas, pago de alquiler o material escolar para paliar la brecha educativa que sufren menores en situación de vulnerabilidad.

«Llevamos más de cuatro años trabajando en España con organizaciones de base que están a pie de calle y hemos visto cómo en muy poco tiempo ha empeorado la situación de muchas personas en nuestros barrios», explica la responsable de este programa, Zinnia Quirós.