El PP aprueba la Ley de Internet con el apoyo de CiU y Coalición Canaria

Una de las medidas más criticadas por la oposición, introducida a última hora durante su tramitación en el Senado, se refiere a la obligación de que las empresas almacenen durante un año los datos de navegación de todos los internautas. Una medida que fue defendida por el diputado popular Juan Manuel Moreno en el sentido de que son datos «básicos para las investigaciones criminales» y la lucha «contra la ciberdelincuencia» que estarán regulados con las «necesarias cautelas». En sentido opuesto se pronunció la diputada socialista Francisca Pleguezuelos, que consideró esta medida un mero recorte de los derechos de los ciudadanos. «El artículo 11 bis se ha mejorado, con los doce meses como plazo máximo o la consulta de los datos sólo por el Ministerio fiscal, pero se ha dejado para el desarrollo reglamentario qué datos serán retenidos. Si se entra en las páginas visitadas se estarán socavando los derechos de los ciudadanos», precisó la parlamentaria. En términos similares se expresó la diputada de IU Presentación Urán, quien insistió que esta medida «reduce los derechos democráticos de los españoles, no establece suficientes cautelas judiciales y crea sensación de inseguridad entre los ciudadanos, a los que se les considera desde el principio presuntos delincuentes». Ambas formaciones criticaron también el método elegido por el Partido Popular para introducir estas importantes modificaciones. En tres meses El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero, ha tenido que superar desde esa fecha quince peticiones de devolución y más de medio millar de enmiendas (345 en el Congreso y 187 más en el Senado). Superado el trámite parlamentario, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, excepto las disposiciones adicionales y finales que establecen el sistema de asignación de direcciones de Internet bajo el dominio ''.es''; las tasas y procesos de licitación de los mismos, la sustitución de las actuales líneas telefónicas rurales (llamadas TRAC) por otras que permitan acceder a Internet y la inclusión de la Red dentro del concepto de servicio universal de telecomunicaciones. Se trata de una ley «ejemplar, equilibrada y completa», subrayó el PP.