Agujeros negros en la democracia española

Según el artículo sexto de la Constitución, los partidos políticos deben ser democráticos y contribuir a la formación de la voluntad popular. Como el valor de los soldados, la decencia y la ejemplaridad en su funcionamiento se supone en estos viveros de la gestión pública. Se sabe por el último informe del Tribunal de Cuentas al Parlamento, correspondiente al ejercicio del año 1999: los bancos perdonaron a estas organizaciones más de 19 millones de euros entre el 97 y el 99. En el ejercicio auditado se acumulaban más de 26 millones de euros por créditos vencidos e impagados. La figura es inequívoca: trato de favor. O de privilegio. Y los datos añaden motivos nuevos a la comprensible desconfianza del ciudadano respecto a esos supuestos gestores del interés general inscritos en el padrón de la clase política. Conviene prevenirse frente a una eventual lectura piadosa. Alguien saldrá ahuecando la voz para disertar sobre el genoroso arancel contributivo de las entidades bancarias a la noble causa de la Democracia. No muerdan el anzuelo. Sería la primera vez que un banco hace favores sin esperar algo a cambio. O sin pedirlo expresamente. O sin pactarlo bajo cuerda. O sin entender tácitamente que la devolución del favor está en la naturaleza de las cosas. Eso es lo malo. Porque la devolución del favor nos afecta a todos, pues a todos pertenece ese patrimonio común gestionado por los políticos cuando éstos alcanzan el poder. Recibimos este tipo de noticias con asombrosa naturalidad, empezando por el hecho de que el organismo encargado de controlar las cuentas del sector público actúe con tres años de retraso o más. Suficiente para descubrir que la deuda de un partido político no es problema para un banco, ni para un partido, si éste controla el Boletín Oficial del Estado, de la comunidad autónoma o del municipio. Cuando lo controla, o es verosímil que lo controle antes o después. Decir que urge una ley de financiación de partidos bajo el principio de la transparencia es tan ineficaz y tan recurrente como decir que urge acabar con el pavoroso endeudamiento de RTVE. El debate debería girar en torno a la indecente falta de voluntad política por tapar de una vez por todas estos agujeros negros del sistema democrático español. Y no me refiero precisamente a los contables.