Entra en funcionamiento el Observatorio sobre Violencia Doméstica
Jueces y Gobierno vigilarán los juicios por malos tratos
La Justicia española no protege como debiera a miles de españolas víctimas de malos tratos por parte de sus compañeros, novios o maridos. De este reconocimiento tácito nace el Obs
Su misión, controlar que el aparato judicial español ampare con todos sus resortes a las víctimas sometidas a esta lacra social, y persiga con el máximo rigor a los agresores. Cuando, después de años de humillación y golpes, una mujer maltratada da el paso de denunciar a su agresor, comienza otro calvario. Según el diagnóstico unánime de abogados, sociólogos, partidos políticos, asociaciones feministas y de cualquiera que se asome al sórdido mundo de la violencia doméstica, el sistema judicial español es el principal sumidero por el que se esfuman las esperanzas de muchas víctimas de hallar una solución a su drama. Las cifras son elocuentes. Según el Instituto de la Mujer, en torno al 60% de las diligencias judiciales que se abren por denuncias de malos tratos se pierden en los meandros del entramado jurídico. Y a pesar del endurecimiento de penas anunciado en su día por el Gobierno en el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica, vigente todavía, en más de la mitad de los casos el agresor sale absuelto, y en el 75% el trámite se solventa con una simple multa para el agresor, a menudo de cuantía ridícula. Muchas veces, además, la vía penal y civil se entrecruzan en supuestos de separación y malos tratos, estorbándose y desprotegiendo a las víctimas, y el sistema de reparto de casos entre juzgados impide que se acumulen las causas que afectan a una misma familia, lo que atenúa la gravedad penal de los hechos juzgados. Son sólo algunas de las disfunciones que el Observatorio que hoy se constituyó tratará de eliminar. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vistió ayer de gala para acoger la firma del convenio entre su presidente, Francisco Hernando, y los ministros de Justicia, José María Michavila, y Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana. Ante representantes de todos los grupos parlamentarios, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, o el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el poder ejecutivo y el judicial se comprometieron a hacer del Observatorio un vigía eficaz.