Lagunas en la prohibición de vientres de alquiler

La noticia de que Ana Obregón ha recurrido a la gestación subrogada en Estados Unidos para poder volver a ser madre a los 68 años ha servido para reabrir un debate político complejo y lleno de aristas. Los dos socios del Gobierno tienen clara su posición respecto a esta práctica, prohibida en todo el territorio nacional desde 2006. La ministra de Hacienda y número dos de los socialistas, María Jesús Montero, subrayó este miércoles en los pasillos del Congreso que se trata de «una forma de explotación de la mujer» y la ministra de Igualdad, Irene Montero, recordó que es así, como «violencia» contra la mujer, como se define en la nueva Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Pero la legislación española tiene importantes lagunas.

Nada impide hoy por hoy que una persona o una pareja que recurra a un ‘vientre de alquiler’ en el extranjero inscriba después en el Registro Civil al bebé gestado por otra mujer como su hijo, aunque no se trate de un procedimiento sencillo; se requiere de una resolución judicial del país de nacimiento que avale la filiación y, en caso de no contar con ella (situación en la que encuentran quienes optan, por ejemplo, por Ucrania, uno de los países más baratos para suscribir contratos de esta naturaleza pero en los que no hay intervención judicial), es preciso recurrir a los tribunales españoles o bien iniciar un expediente de inscripción en España con intervención del Ministerio Fiscal.

En los primeros borradores de la ley del aborto elaborados por el Ministerio de Igualdad llegó a plantearse la persecución penal de quienes optan por convertirse en padres por esa vía, pero nunca llegó a materializarse. Podemos achacó la renuncia a los socialistas, aunque estos también echaron balones fuera. Ayer ninguna de las dos Montero abrió la puerta a una modificación. La ministra de Hacienda alegó que ya al inicio de la legislatura se realizaron algunos cambios administrativos de objeto disuasorio -por ejemplo, se eliminó la posibilidad de que la ausencia de resolución judicial fuera compensada con una prueba de ADN del progenitor biológico y el consentimiento de la madre gestante-, pero descartó ir más allá. «Cada caso concreto hay que analizarlo de forma concreta» adujo.

Ante la falta de normativa específica, estas cuestiones han sido resueltas en los últimos años a través de instrucciones de la Dirección General de Registros y Notariado, de la que depende el Registro Civil. La secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, sí admitió que «aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer [tener hijos por prestación subrogada] a través de segundos y terceros países» y dejó caer, en una entrevista en TVE, que el caso de Obregón ofrece una buena oportunidad para plantearlo, pero fuentes de su formación apuntan que, en principio, no hay nada en este momento sobre la mesa. Sacudida interna Por lo pronto, este episodio ha provocado una sacudida en el primer partido de la oposición que, en su último congreso, celebrado en 2017, optó por pasar de puntillas sobre el asunto ante la falta de consenso interno.

Un consenso que en el PSOE, presionado por el colectivo ‘gay’, también estuvo en algún momento en peligro. Este miércoles, se mostraron partidarios de su regulación, algo de lo que siempre han sido partidarios en Ciudadanos. «Mercantilizarlo sería execrable. No puede haber ningún pago directo o indirecto, pero nosotros estamos dispuestos a hablar de ello», aseguraron fuentes de la dirección nacional del PP.

En Génova esgrimen que son las propias incoherencias vigentes en la actual normativa las que aconsejan regular la cuestión, ya que el aprovechamiento de los vacíos legales permite a los consulados nacionalizar a los niños nacidos en el extranjero por este método desde 2018, cuando Mariano Rajoy estaba al frente del Ejecutivo. Colisionan la «legalidad» con la «situación de hecho», insisten para añadir: «Es bueno regularlo para que no se produzca doble situación sin sentido». En 2017 se acordó una posición intermedia en la que se garantizaban los derechos de los niños nacidos mediante esta práctica. «Nos encontramos ante una realidad muy delicada y extremadamente sensible por lo que entendemos que es uno de los asuntos que requiere un debate en profundidad», afirmó Cuca Gamarra.