Abusos sexuales del clero en León: 14 localizaciones
Unos 445.000 españoles sufrieron abusos sexuales en el ámbito religioso, según el informe del Defensor del Pueblo
Iglesia de Carrizo de la Ribera. J. F. S.
El informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo, que habla de en torno a 445.000 víctimas, recoge hasta 83 localizaciones de abusos en al ámbito de la iglesia católica en Castilla y León, que incluye congregaciones, centros educativos, parroquias e incluso domicilios particulares. En la provincia de León suman 14 localizaciones. Los datos proceden de personas entrevistadas por la Unidad de Atención a Víctimas, respuestas recibidas de los obispados, arzobispados y superiores de instituciones de vida consagrada y los cuatro dosieres entregados por el periódico El País.
El listado incluye todos los casos reportados, sin descartar ninguna alegación, siendo indiferente si estaban comunicados o no a la justicia civil o canónica, o si estaban prescritos, archivados o resueltos; y una localización no supone un sólo agresor ni una única víctima. Por provincias, y según los datos del informe del Defensor recogidos por EFE, en Ávila figuran tres localizaciones, una en la capital y dos en Arévalo; en Burgos doce, siete en la capital y sendas en Aranda, Iglesias, Santa Gadea del Cid y dos pueblos sin concretar del sur y norte de la provincia. En León son catorce las localizaciones de abusos, ocho en la capital y sendas en Ponferrada, Astorga, La Bañeza , Palacios de Valduerna, Carrizo de la Ribera y Villarejo de Órbigo. En Palencia son siete, cuatro en la capital y sendas en Fromista, Venta de Baños y Carrión; en Salamanca diecinueve, con 14 en la capital y sendas en Alba, Peñaranda, Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Sequeros; tres en la capital segoviana y dos en Soria, en las localidades de Arcos de Jalón y el Royo.
Completan las localizaciones las catorce de Valladolid, doce en la capital y sendas en Peñafiel y Villanubla; y las nueve de Zamora, cuatro en la capital, dos en Puebla de Sanabria, otras dos en Toro y otra en Vigo de Sanabria.
El informe del Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
Según este trabajo, el 84 % de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.
El Defensor critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por la negación o la minimización del problema. «Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos», ha censurado. En rueda de prensa, Gabilondo ha calificado de «insuficiente y dilatoria» la respuesta de la Iglesia a las víctimas y ha criticado conductas habituales como el traslado de personas abusadora a otras parroquias, centros docentes o incluso países.
Fondo para las víctimas
El informe incluye una serie de recomendaciones, como la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas y que un órgano administrativo especial —creado para la ocasión— instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas.
«Me parece imprescindible que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental del fondo estatal», ha dicho Gabilondo a este respecto y ha añadido que «la Iglesia, a estas alturas, debe ser consciente de esto».
También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran.
Y solicita que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos. Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica «por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad», en particular entre 1970 y 2020.