Los obispos buscan la forma de pagar a víctimas de abusos

Los obispos españoles han creado una comisión de arbitraje para atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuyos casos no tengan recorrido judicial, bien porque los delitos han prescrito, bien porque el agresor haya muerto. Así lo explicó hoy el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, quien informó de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de la jerarquía eclesiástica. Este órgano de arbitraje revisará las denuncias presentadas en las oficinas de protección de menores de las diócesis.

Las indemnizaciones se abonarán atendiendo a las especificidades de cada caso. No se trata de «mercantilizar a las víctimas», dijo García Magán, quien destacó que esta medida se acompañará de la creación de una comisión de baremación, integrada por psicólogos, médicos, acompañantes y profesionales de distintas áreas. «A veces las víctimas no quieren nada más que ser escuchadas», aseveró el obispo.

Con esta medida, la Iglesia se laeja de las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, que abogaba por la constitución de un fondo estatal común. En el supuesto de que la víctima reciba una reparación, esta la deberá pagar el agresor. Si el victimario ha fallecido lo hará la institución a la que pertenezca, ya sea la diócesis o la congregación religiosa.

La Conferencia Episcopal se ha gastado 1.225.000 euros en la auditoría externa que evaluó la pederastia clerical, un informe que fue encargado al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. La investigación, que no satisfizo a la jerarquía católica por entregarse con retraso, se encomendó al bufete «para clarificar y buscar la verdad y la justicia como prioridad» y evitar que los casos vuelvan a repetirse. «Nos interesa esclarecer los hechos y establecer responsabilidades», sentenció García Magán.