El 85% de los límites municipales presentan errores de 40 metros

Los deslindes administrativos, es decir las ‘líneas’ que delimitan un área territorial y establecen qué administración pública ejerce sus competencias, pueden condicionar la vida cotidiana de los ciudadanos. Pertenecer a un determinado territorio supone desde poder construir una casa (o no poder hacerlo) a optar a ciertos beneficios fiscales. Pero no siempre esos límites están claros. Antiguamente se fiaban a elementos naturales como el cauce de un río —que con el paso del tiempo ha podido variar su curso—, a simples mojones de tierra que han desaparecido o a la transmisión oral o escrita del conocimiento de estos límites entre generaciones.

La creación en 1870 del Instituto Geográfico supuso un importante avance en la demarcación de los términos municipales. El empleo de la instrumentación topográfica y de la cartografía ayudó a precisar mejor los límites interiores del país, como lo refleja el primer Mapa Topográfico Nacional (1875-1968), que ha ido afinando sus coordenadas a medida que avanzaba la tecnología con los GPS y las imágenes por satélite. Y aun así, el 85% de los límites municipales en España presentan imprecisiones que oscilan entre los 40 y 60 metros de anchura. «Si nos colocáramos sobre esas líneas límite y nos moviéramos 40 metros hacia un lado o hacia el otro, no sabríamos con exactitud en qué municipio estamos», ilustra sobre este margen de error Elena Camacho, jefa del Servicio de Delimitaciones Territoriales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes.

Camacho es autora de un clarificador trabajo de ‘arqueología’ topográfica en el que pone de relieve la importancia de disponer de límites precisos para asegurar la estabilidad de los términos municipales y evitar una posible inseguridad jurídica sobre el territorio en el que cada ayuntamiento puede ejercer sus competencias.

Labor técnica

En esa labor técnica concretan con bastante exactitud. «Si la incertidumbre antes estaba en 40 o 60 metros, con el trabajo técnico realizado nos podemos situar en diez o quince metros de anchura, pero para alcanzar precisiones en la línea por debajo del metro, que son las que se persiguen, es necesario que los ayuntamientos ratifiquen los trabajos técnicos. En términos de superficie no es mucho, pero en planimetría urbanística puede ser un dineral porque, igual una zona de ese terreno es edificable y la otra no», explica.

El IGN interviene cuando dos municipios no se ponen de acuerdo sobre sus fronteras. En esos casos se inicia un expediente de resolución de divergencias. Es lo que sucedió recientemente con el conflicto entre Albarracín y Cuenca y la disputa de un terreno forestal de dos mil hectáreas que separa ambos términos municipales, y por extensión las dos provincias de Teruel y Cuenca y las dos comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha. En su dictamen el IGN dio la razón a Albarracín, pero el Ayuntamiento de Cuenca, apoyado por la Diputación y el Gobierno regional, ha anunciado un recurso.

En estos últimos años, el IGN ha intervenido en casos similares, aunque con una superficie en juego no tan extensa. Lo ha hecho en conflictos entre Somiedo (Asturias) y Cabrillanes (León); Agoncillo (La Rioja) y Mendavia (Navarra); Arrúbal (La Rioja) y Mendavia (Navarra); Castro Urdiales (Cantabria) y Muskiz (País Vasco), o San Pedro del Pinatar (Murcia) y Pilar de la Horadada (Alicante).

También ha intervenido entre municipios de una misma provincia. Por ejemplo, entre los ayuntamientos valencianos de Xeraco y Gandía, que se disputan desde hace años un tramo de 600 metros de una playa virgen; los zamoranos de Espadañedo y Manzanal de los Infantes, que pelean por un trozo de monte; o los albaceteños de Higueruela y Hoya-Gonzalo, que discuten por el terreno donde se levanta un aerogenerador, que supone suculentos ingresos fiscales para las arcas municipales.