Presidenta de la asociación de internautas: «Imponer una identificación en las redes es autoritario»

Los discursos de odio y la desinformación se abren paso a una velocidad nunca vista. La leonesa Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación Nacional de Internautas, cuestiona la medida propuesta por el fiscal de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar de obligar a los usuarios a que se identifiquen en las redes.

—¿Crecen los discursos de odio en internet?

—Siempre ha habido discursos de odio, escritos y orales. Lo que ha cambiado con la llegada de las redes sociales es el alcance. En la era de internet no hay fronteras. En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, el número de usuarios aumentó y cuando surge una alarma social, la respuesta es tan grande que si que parece que haya aumentado ese número pero creo que es más la percepción que tenemos como ciudadanos.

—¿Y la desinformación?

—La desinformación ha aumentado, pero a la vez crecen las posibilidades de luchar contra ella. Aunque avanza más rápido quien tiene más recursos para ello. Ojalá tuviéramos la suerte de que nuestros poderes públicos hubieran tenido la conciencia de lo que significan las redes sociales y del peligro que suponen tanto para menores como para adultos y hubieran invertido, no ahora, hace muchísimos años, todo el dinero que era necesario, por ejemplo, en educación. Es algo que llega muy tarde, llevamos muchos años diciéndolo y aún así la sociedad sigue sin estar educada para usar las redes sociales.

—¿En qué redes sociales se está produciendo en mayor medida?

—Las redes sociales que tienen peor fama como ambiente hostil para el desarrollo de la libertad de expresión e información son sin duda X y Telegram, pero eso no quiere decir que sean las más utilizadas. Si nos vamos al rango de edad de adolescentes, donde más se mueven es en Instagram y ahí también se produce ese discurso de odio.

—¿Qué grupos de personas son las más afectadas?

—Siempre los menores, no tanto porque se dirijan los ataques contra ellos sino por cómo perciben esos ataques; son personas que han vivido el mundo de las redes sociales prácticamente desde que nacieron, saben lo que significa y como sus padres se han comportado exponiendo sus fotografías, haciendo comentarios y utilizando estas herramientas. Ellos consideran que lo que ocurre allí es parte de su vida. En cambio, una persona de 50, 70 años le da absolutamente igual lo que opine la gente, o al menos lo asumen de una forma diferente. Si tuviéramos que hablar del colectivo más afectado siempre va a ser gente que está expuesta al público. Una mayor exposición al final revierte en ser objetivos más fáciles.

—¿Qué peligros conlleva?

—Uno de los riesgos es que la información se queda en las redes y nunca sabes cuándo puede volver a aparecer. Desde el punto de vista de las víctimas el riesgo es que esa información pueda volver a salir a la luz y generar otra ola de ataques donde otras personas se sumen a esa avalancha.

—¿Qué se podría hacer para tratar de reducir los bulos que generan odio?

—Hay un primer paso al que vamos tardísimo, que es la educación de los ciudadanos, que entiendan que las redes sociales no son tan anónimas como se cree. Cada día salen noticias de personas que son juzgadas y condenadas en España por delitos de odio, injurias, calumnias, amenazas a través de redes sociales, la gente se cree que es muy fácil ser anónimo en internet y no es así. También tenemos otras herramientas técnicas, como la comunicación y colaboración público-privada entre empresas privadas y la administración pública para perseguir estos delitos, que la policía pueda contactar con la red social y eliminar perfiles siempre con una orden judicial y que no sea el dueño de la red social el que decida. Hay muchas fórmulas con las que el titular de una red social puede detectar si un perfil está automatizado. Si justo se crea en las fechas en las que se produce una alarma social y ese perfil no deja de lanzar mensajes, por ejemplo. Además existen granjas de bots desde hace mucho tiempo. Las redes sociales no son malas, en muchos países ayudan a que la gente esté comunicada e informada y la opinión no hay que matarla, la opinión es libre siempre que no traspase el límite del delito, definido por el Tribunal Constitucional.

—¿Está de acuerdo con la propuesta del fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, con que se implemente algún método de identificación para reducir este tipo de delitos? ¿Y con la propuesta de prohibir el acceso a redes a quienes cometan ‘los casos más graves’ de delitos de odio?

—No estoy de acuerdo con que se aprueben leyes que luego no van a tener los recursos para aplicarlas. Que digan estas cosas para aplacar a la sociedad, pero luego no vayan a invertir en reducir la brecha digital, en formación…. Si no vas a hacer eso, no me apruebes leyes que no van a servir para nada nuevo si además no estás dotando de recursos a las unidades policiales para poder detectar esos delitos. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de identificarnos con nombre y apellido y DNI para utilizar las redes sociales porque entonces no las utilizaríamos. Si yo sé que estoy vigilada continuamente por un juez o por un policía, puedo temer a decir algo que tenga repercusión y que un juez determine que me he extralimitado. Esa necesidad del Estado de tenernos identificados y sabiendo lo que opinamos en cada momento es una medida completamente autoritaria y dictatorial que en un estado de derecho no se debería permitir. Distinto es el caso del pseudoanonimato. Una medida en la que yo tenga que registrarme en una red social y que en un momento dado si alguien me denuncia o considera que he cometido un delito, el Estado pueda perseguirme de oficio, y pueda llegar a mi identidad. Saberse vigilado a lo único que lleva es a no opinar y a tener miedo a decir las cosas por las repercusiones que pueda haber.

—¿Cuáles son los próximos desafíos a los que nos enfrentamos en la era de internet?

—La educación de los seres humanos en su buen uso, y descarte cuando sea preciso. Sea la tecnología que sea. Da igual cuando lo leas. Los poderes públicos tienen la obligación de darnos herramientas para entender y discernir qué tenemos delante. Partiendo de esto, recursos para aplicar las leyes con garantías propias del Estado de Derecho, nada de atajos disfrazados de ley.