DMD León: «Alargar tiempo en la eutanasia es cruel»

Se cumplen 40 años desde el que el llamamiento del profesor de matemáticas Miguel Ángel Lerma cuajara en Derecho a Morir Dignamente (DMD), que se formalizó como asociación el 13 de diciembre de 1984. DMD tiene actualmente 8.000 personas asociadas en España y desde 2007 cuenta en León con grupo de apoyo y más de 200 personas simpatizantes. Cuatro décadas de lucha que en junio 2021 dieron a luz la Lore (Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia). Desde entonces y hasta diciembre de 2023, un total de 1.515 personas han solicitado la prestación para poner fin a su vida y se han realizado 334.

En Castilla y León el número de solicitudes ha sido de 63 (12 en León, según datos de la Consejería de Sanidad) y las eutanasias realizadas suman un total de 23 (5 en León) entre 2021 y 2023. Según el informe de la Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla y León, al que ha tenido acceso DMD Castilla y León a través del Comisionado de Transparencia, en 2023 se realizaron 12 prestaciones de ayuda a morir en CyL, siete de mujeres y cinco de hombres, todas por una enfermedad de base neurológica, con tres casos en los tramos de 50 a 59 años, 60 a 69 y 70 a 79, uno de 40 a 49 y dos de 80 a 89.

Dos personas fallecieron sin médico responsable, cuatro después de la primera solicitud, dos después de la segunda solicitud, tres después del informe médico, cuatro antes del informe de verificación de la comisión de garantía y uno después de este informe. Además, 11 personas revocaron la solicitud en diferentes fases del proceso. Renunciaron.

Los responsables de las prestaciones realizadas fueron cinco especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; cuatro especialistas en Neurología, un médico de una residencia y dos de otras especialidades.

La asociación denunció este jueves en rueda de prensa en Valladolid las deficiencias que impiden conocer aspectos relevantes sobre la aplicación de la Ley de Eutanasia. «No queda claro dónde se producen las demoras que condicionan una duración de los procesos que nos parece inadmisible y que es urgente corregir», afirmó Fernando Sanz, médico y activista de DMD.

En el grupo de apoyo de León tienen claro que la aplicación de la ley «es muy mejorable», sobre todo en la agilización de los tiempos, que ha pasado de 113 días de media en 2022 a 80,88 en 2023, según los datos del último informe de la Consejería de Sanidad.

En España, el tiempo medio de aplicación de la eutanasia fue de 67 días, más del doble de lo que marca la ley y casi el triple en el caso de Castilla y León. «Alargar los tiempos es cruel», lamenta Elena Burón, médica jubilada y activista de DMD en León. «La Lore tiene sus tiempos pero creemos que ante situaciones muy graves se puede acelerar», alegan.

«Hay mucha diferencia en la aplicación entre comunidades autónomas y Castilla y León es una de las que más cuesta», subraya. En el lado positivo destaca que «hay profesionales que están haciendo las cosas bien» y valora el esfuerzo de «la comisión de Bioética del Hospital en la formación de los sanitarios». También se anota como avance la designación de una figura en los centros de salud, generalmente la trabajadora social para canalizar las peticiones ciudadanas, apunta Camino Redondo, una de las fundadoras del grupo de León.

La asociación focaliza sus esfuerzos en la divulgación del testamento vital, oficialmente denominado Documento de Instrucciones Previas, y celebra el avance que se ha producido en el número de personas que lo realizan aunque aún es minoritario. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre realizan la atención al pública con una mesa informativa de 18.00 a 20.00 horas en el ADA del CHF, aunque reivindican un lugar más accesible para la población general, como hicieron en el vestíbulo del Ayuntamiento de Ordoño hasta la pandemia. En el anterior mandato se aprobó una moción municipal para prestar apoyo a esta asociación.

«La Lore ha supuesto un impulso para el testamento vital porque ha motivado a mucha gente a hacer el testamento vital», apunta Teresa Ribas, otra activista que procede del mundo de la medicina. En 2023 aumentaron los registros más de un 53% en León, con 423 nuevos testamentos vitales, y un 64% en la Comunidad, que en total registró 2.312 documentos de instrucciones previas.

«Me motivó la figura de Luis Montes. Las personas de la profesión médica vivimos lo que pasó —el médico fue acusado de dar sedaciones de forma indiscriminada, cosa que nunca se demostró y fue absuelto— y cuando me jubilé —fue jefa de Anatomía Patológica en el Caule— me sumé al grupo con Camino porque a una vida digna le tiene que seguir una muerte digna», subraya.

Elena Burón trabajó en una UCI pediátrica. Recuerda que a raíz de que, en 2002, se aprobó la Ley de Autonomía del Paciente se produjo uno de los primeros avances al permitir la posibilidad de interrumpir tratamientos en personas en situación terminal. «Es durísimo, pero tienes derecho a pedirlo sabiendo que la muerte está ahí», señala. Cuando su madre falleció, en 2015, con las secuelas de un ictus se asoció a DMD e hizo el testamento vital. «Tener a tu lado a una persona que se queda tan discapacitada para vivir te hace un click», subraya.

«Mujer, mayor de 60 años y que ha cuidado» es el perfil mayoritario de las personas que se acercan a la asociación para informarse sobre el testamento vital. «Yo no quiero vivir esto y no quiero que los míos pasen por esto», es el planteamiento que se hacen muchas de las personas que rellenan las instrucciones previas con la petición de eutanasia en caso de que cumplan las condiciones de irreversibilidad de la enfermedad e ineficacia de los tratamientos. «Ha aumentado la esperanza de vida, pero la calidad de vida es otra cosa», subrayan.

Teresa Jular es una de las últimas personas en sumarse a DMD en León. Vive a caballo entre Murcia y León y al incorporarse al grupo «he quedado sorprendida por su solvencia, el compromiso y la información que ofrecen». «Ahora haré mi testamento vital», comenta.

Otra de las preocupaciones que tienen las personas que han hecho su testamento vital antes de la Lore haga efectiva la eutanasia, como dejaron señalado para el caso de que se legalizara. Además de conexión entre todas las comunidades autónomas para verificar los testamentos vitales, piden copia en los centros de salud y hospitales anexa a la historia clínica y constancia en la tarjeta sanitaria. Se estima que tan solo el 10% de las personas que pidieron la eutanasia tenían testamento vital, pero no hay datos oficiales. Las trabas de la objeción de conciencia es otro de los temas a solucionar, sobre todo, cuando la persona que lo solicita no encuentra médico responsable. Actualmente hay 764 profesionales de la medicina objetores, 234 de enfermería y 13 de farmacia.

La asociación DMD de Castilla y León ha denunciado omisiones en el nuevo decreto de la Junta de Castilla y León, publicado el pasado 25 de noviembre, sobre el documento de instrucciones previas, también conocido como testamento vital. «Omisiones que, a nuestro juicio, hacen nula la norma», según DMD. Entre ellas, que no se incluya la eutanasia entre el contenido que pueden tener las instrucciones previas. Aseguran que omite asignar a alguna unidad administrativa o centro la formalización del documento de instrucciones previas donde cualquier ciudadano puede dejar por escrito su voluntad sobre los cuidados y tratamientos cuando se produce un deterioro irreversible de su salud y llega un momento en el que no puede expresarse. DMD teme que la formalización del documento de instrucciones previas se haga por «personal voluntario». «Se designará a personas concretas, con el riesgo de que la función deje de realizarse cuando esa persona termine de prestar servicios o deje de ser voluntaria», afirmó Fernando Sanz. Además,echan en falta que la norma carezca de anexos y los modelos que la acompañan se han publicado en la web, lo que posibilita su modificación o su eliminación sin la tramitación de la correspondiente modificación del decreto del que deben ser parte. La asociación también critica el nuevo decreto porque no resuelve «las dificultades de registro actuales, con demoras de hasta 18 meses para formalizar las instrucciones previas, como ocurre en Burgos», y dificultades de acceso en el medio rural.