Exmonjas ganan el primer pulso
Un juez de Briviesca admite la demanda por el derecho a separarse de la Iglesia
El arzobispo demandado por las Clarisas con monjas fieles en el inicio del conflicto.
El Juzgado de Instrucción de Briviesca (Burgos) ha admitido a trámite una demanda interpuesta por las exmonjas de los monasterios de Belorado y Derio contra el arzobispo y la Archidiócesis de Burgos, que busca ejercer el derecho de estos dos monasterios y sus congregaciones a separarse por su propia voluntad de la Iglesia católica.
La demanda persigue que un juzgado se pronuncie sobre la validez y eficacia civil de la escisión que las entonces monjas de Belorado proclamaron mediante una carta el pasado 8 de mayo y que valide así los acuerdos adoptados para transformar las entidades religiosas en asociaciones, según ha informado este domingo el abogado de las exclarisas, Florentino Aláez.
Asimismo, la demanda presentada por las exmonjas persigue que una sentencia declare la «ineficacia en España» del nombramiento del comisario pontificio —el arzobispo de Burgos, Mario Iceta— y condene a este a «cesar en toda actividad de representación y administración» de los monasterios citados.
El abogado de las religiosas ha indicado que confía en la «pronta conclusión» de este proceso judicial que, al margen de la «disicencia religiosa», servirá para reponer a estas comunidades el «pleno goce de sus derechos legítimos» y poder seguir dedicándose al «cultivo de la vida monástica (...) libres de interferencias exteriores ajenas a su espíritu y fieles a los dictados de sus conciencias».
Esta nueva demanda se suma a la batalla judicial que mantienen las exmonjas del Monasterio de Santa Clara y la Archidiócesis de Burgos, que, por su parte, demandó el desahucio de las religiosas de los monasterios de habitan. La vista prevista para el 19 de diciembre tuvo que suspenderse.
Este mismo juzgado será el encargado de dirimir estas dos demandas cruzadas entre las exmonjas, que reclaman su derecho a abandonar la Iglesia y poder seguir habitando en los monasterios, y la Archidiócesis de Burgos, que exige el desahucio de las religiosas de estos inmuebles al entender que no son las legítimas propietarias.