NUEVO REGLAMENTO
Centros de menores más acogedores
Infancia prepara un decreto para que sean más pequeños, con trato cercano y refractarios a casos de explotación sexual
El Ministerio de Juventud e Infancia prepara un decreto para cambiar el funcionamiento de los centros de menores. J. NOTARIO
Las leyes de infancia españolas contemplan desde hace casi una década que la opción preferente para los niños y adolescentes que precisan de la protección de los Servicios Sociales por seguridad o por desvalimiento debe ser el acogimiento familiar. Es decir, que estos chicos solo deben ingresar en centros o residencias si no queda más remedio.
Sin embargo, ese criterio legal sigue sin cumplirse en España, donde el acogimiento residencial es la fórmula en la que viven y se crían todavía casi la mitad de los menores bajo protección pública, a veces incluso durante toda su minoría de edad.Los últimos datos oficiales indican que en España hay más de 17.000 menores repartidos por 1.605 en centros y residencias y que la desinstitucionalización no avanza o lo hace con extrema lentitud. Tres de cada cuatro de los chicos que las autoridades tomaron bajo su protección ingresan directamente en una residencia y la mitad de las bajas que anualmente se producen en estos centros no se debe a la salida por un acogimiento familiar sino a que al interno que ha pasado allí su infancia y juventud le llega la mayoría edad.
Generalizar el acogimiento
El hecho de que las administraciones no sean capaces de generalizar el acogimiento familiar es el motivo por el que el Ministerio de Juventud e Infancia está elaborando un real decreto, que llevará a la aprobación del Consejo de Ministros, en el que fijará unos estándares mínimos de calidad y funcionamiento que deberán cumplir los centros de menores en todo el territorio nacional, con independencia de la autonomía en que estén ubicados, y que como idea general busca que se parezcan lo máximo posible en trato, ambiente y seguridad a un hogar.
La idea es que el decreto obligue a que los centros de menores de todas las comunidades sean de tamaño reducido y que funcionen como espacios amigables y libres de violencia, con una atención cercana y personalizada. El borrador de objetivos e ideas que conformará el decreto prevé unas normas y criterios mínimos de calidad que condicionarán el emplazamiento de los centros, su estructura y equipamiento, el modelo de gestión, la organización, el número y tipos de personal, y también establecerá claras obligaciones de inspección, control y denuncia entre otras cosas para evitar nuevos casos de explotación sexual de estos chicos como los destapados en los últimos años en varias comunidades.El texto exigirá un cuidado de calidad con un entorno «familiar, hogareño y acogedor» que deberá facilitar la conexión del menor con la familia, las amistades y el entorno social y escolar y que, en definitiva, debe ser lo más similar posible al de los chicos que crecen dentro de un núcleo familiar.
Todos los organismos europeos urgen a que se acelere al máximo el proceso de desinstitucionalización de los menores protegidos, dando cumplimiento real a que las residencias son el último recurso, y piden normas nacionales de calidad mínima en todos los centros.
Garantías de bienestar
El decreto también fijará criterios básicos para garantizar su bienestar y pondrá las bases para cumplir con el objetivo de que la media de plazas en estos centros no supere las 15 y que para 2030 no haya áreas residenciales (salvo las de primera acogida) de más de 30 plazas, bien porque se hayan reconvertido en centros de protección con hogares independientes o porque hayan sido cerrados. Los criterios también tienen que contribuir a otra de las metas pactadas por Gobierno y autonomías como es que al final de esta década en España cualquier menor protegido de menos de 10 años se críe con una familia de acogida. Son recomendaciones realizadas a España por organismos internacionales como la ONU o el Consejo de Europa.