Las personas allegadas podrán cobrar prestaciones como cuidadoras de dependientes
Arranca el proyecto de ley que reconocerá porcentajes de discapacidad al valorar los grados de dependencia
Pabo Bustinduy en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.
La reforma de las leyes que garantizan los derechos de las personas en dependencia y con discapacidad avanza con la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, que elimina la incompatibilidad de trabajar y recibir prestaciones de dependencia, y amplía la «prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas", informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De convertirse en ley, habrá un reconocimiento automático del 33% de discapacidad al obtener el grado I del sistema de dependencia y el 65% para los grados II y III, y se «extienden las prestaciones del entorno familiar a allegados que no estén vinculados por consanguinidad, amigos, amigas, vecinos", anunció el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, tras el Consejo de Ministros.
Entre los derechos que se incluyen por primera vez están que el beneficiario pueda quedarse en su «entorno» para recibir las prestaciones, que decida cuáles quiere, que no se le administre sustancias químicas o farmacológicas contra su voluntad ni se le practiquen sujeciones físicas o mecánicas, y que tenga garantizada la asistencia sanitaria mediante unas bases comunes de «coordinación» para los gobiernos autonómicos, para «evitar lo ocurrido durante la pandemia». Para proteger a aquellos con problemas de salud mental se «prohíbe expresamente prácticas coercitivas o involuntarias injustificadas, incluidos internamientos por razón de discapacidad, e impone garantías procesales reforzadas", siendo necesario su «consentimiento libre e informado». «Posiblemente sea la reforma social de mayor calado de esta legislatura", mantuvo Bustinduy.
«No solo busca dejar atrás la época oscura de los recortes y el inmenso dolor social que generó, sino sentar las bases de un sistema público universal que consagre el derecho de la ciudadanía al bienestar». Los cambios en la 'Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia' y en la 'Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social' se realizan para brindar «nuevos servicios» como un mayor apoyo en viviendas compartidas y otros «modelos de convivencia colaborativa", el préstamo de sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, especificó Bustinduy.