El Procurador del Común exige más apoyo escolar y FP para alumnado con discapacidad en León

El Procurador del Común ha sido claro con la Consejería de Educación a la hora de responder a las quejas de Amidown — Down León. En cuatro resoluciones consecutivas, el defensor de la ciudadanía en Castilla y León recalca a las autoridades educativas que «los apoyos personales y materiales» de los dictámenes de escolarización de niños y niñas con necesidades especiales, y en particular, con síndrome de Down, «debe ajustarse a las verdaderas necesidades» del alumnado, con independencia de «ratios preestablecidas», y seguir al pie de la letra «las evaluaciones psicopedagógicas».

Un mandato amparado en el artículo 73.2 de la Ley de Educación y que para Tomás Quintana se traduce en que «debe contarse con el suficiente número de profesionales especializados en los centros educativos», «cubrir las bajas o permisos» y mantener la intensidad de los apoyos en todas las etapas educativas, «sin que deban relajarse» cuando el alumnado pasa a la ESO o a estudios posobligatorios.

Amidown presentó una queja tras reunirse con el Procurador del Común en la que hace hincapié en que, a pesar de los avances legislativos que promueven la inclusión educativa, «a multitud de normativas y el exceso de burocracia desvirtúan el objetivo final». En concreto, las familias denuncian que no se cumplen las horas pautadas en los informes psicopedagógicos y que los centros lo achacan a falta de profesionales.

El Procurador del Común también les da la razón añade que "se debe promover y facilitar una actuación coordinada» entre recursos «de educación, sanidad y servicios sociales y otras instancias" que presten apoyos externos al alumnado para «lograr la mayor eficacia posible en la respuesta» a sus necesidades.

La Procuradoría exige que se incremente «significativamente y con la mayor urgencia la oferta de ciclos formativos» a personas con Down

Sobre las quejas de las familias en cuanto a que «quedan orilladas» en cuanto a la información que deben tener sobre el proceso educativo, la resolución insta a la Consejería de Educación a garantizar que las familias estén «suficiente y puntualmente informadas» «para garantizar su participación en la toma decisiones» sobre estos procesos.

Tomás Quintana López resuelve que «debe facilitarse a las familias el acceso a la documentación» de las evaluaciones psicopedagógicas.

Respecto a la queja de Amidown sobre la «insuficiente oferta educativa» de formación profesional para el alumnado con necesidades especiales, el Procurador del Común ha constatado que durante el curso 2025-2026 solo se ofrecen tres ciclos formativos en centros públicos de Burgos, Segovia y Zamora.

«Esta Procuradoría considera oportuno señalar que se debe contar con una amplia oferta de formación específica" para que estas personas puedan obtener "una acreditación, certificado o título de formación profesional para evitar su exclusión social".

La resolución hace hincapié en que «debe incrementarse significativamente y con la mayor urgencia la oferta de ciclos formativos dirigidos específicamente a personas con necesidades educativas especiales, para dar respuesta a sus verdaderas necesidades y facilitar su inclusión en el ámbito laboral y social».

Esta oferta debe realizarse con independencia de otras iniciativas que se desarrollan para proporcionar esta acreditación profesional. como la que desarrolla Amidown en concierto con Educación y otras entidades de inclusión social y laboral.