El Cermi pide a la ONU reparación para las víctimas de esterilización forzosa en España
La organización eleva al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU la urgencia de aprobar una ley
Representantes de Cermi Mujeres en 2024 en la Comisión Europea.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres (FCM) han presentado al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad un documento en el que proponen la aprobación de una ley de reparación a las víctimas de las esterilizaciones forzosas.
Así se expone en el preámbulo del documento de aportaciones al proyecto de directrices para abordar las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consultado por Europa Press.
Según recuerdan, la «necesidad y urgencia» de esta ley ha sido reclamada «de manera reiterada» por el movimiento asociativo español de la discapacidad, y especialmente por lo que se refiere a las mujeres y niñas con discapacidad, las víctimas más habituales de esta práctica.
Para Cermi y FCM, esta ley debería prever todos los elementos fundamentales para construir y configurar un marco de «reconocimiento, reparación, restitución e indemnización a las víctimas», abarcando desde «la petición oficial y pública de perdón por parte del Estado, pasando por la conceptualización de qué cabe entender como víctima a efectos de la ley, así como todo el procedimiento a seguir para lograr esa efectiva reparación, así como la garantía de una no repetición futura».
Entre otras medidas concretas planteadas en el texto, destacan la adopción de un enfoque interseccional real en todas las políticas públicas, la creación de sistemas de datos desagregados que visibilicen a mujeres y niñas con discapacidad, la implantación de recursos accesibles frente a la violencia y la discriminación, así como la urgencia de articular una estrategia de desinstitucionalización que priorice la vida independiente y la inclusión comunitaria.
El documento también analiza las insuficiencias de los sistemas estadísticos actuales, la persistencia de barreras estructurales y la «invisibilización» de este grupo en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia.
De cara al futuro, el Movimiento Cermi se compromete a seguir promoviendo propuestas en foros internacionales como la ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa, y a continuar trabajando en España «para que los avances normativos se traduzcan en cambios reales en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad».
Asimismo, asegura que seguirá reclamando que la perspectiva interseccional sea transversal a todas las políticas de igualdad, violencia de género, educación, salud, justicia y protección social. «La igualdad no será real mientras la intersección entre género y discapacidad continúe invisibilizada en las agendas públicas. Ninguna mujer ni niña con discapacidad puede quedar atrás en el ejercicio de sus derechos humanos», ha subrayado la plataforma.
La exigencia de esta ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de esterilización forzada o no consentida fue lanzada en la campaña del 8-M de la Fundación Cermi Mujeres y ahora se ha dado un paso más al elevar la petición ante el comité de la ONU. El documento lanzado en la campaña del Día Internacional de la Mujer destacaba la urgencia de adoptar medidas eficaces en materia de igualdad de género y derechos humanos, exige la investigación y erradicación de prácticas nocivas como la esterilización forzada, los embarazos coercitivos y la institucionalización involuntaria, y reclama la plena accesibilidad de los recursos de atención a la violencia de género.
Asimismo, subraya la necesidad de incluir de manera reforzada a las mujeres y niñas con discapacidad en las políticas públicas y demanda la realización de una macroencuesta estatal para visibilizar la violencia que sufren, avanzando así hacia una sociedad más justa e inclusiva
Las personas con discapacidad fueron incapacitadas legalmente y sometidas a esta práctica bajo sentencia judicial entre 1989 y 2020.