El Gobierno intenta frenar la privatización de la sanidad
Isabel Díaz Ayuso cree que el Gobierno quiere «acabar» con la sanidad y llevarles «a la revolución» por su "obsesión" con Madrid
Protesta ante las puertas del Hospital de Torrejón el pasado 12 de diciembre.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobó este martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tiene como objetivo frenar la privatización de los servicios sanitarios españoles y garantizar que la gestión pública es la «prioridad» y la norma para todos los hospitales y centros de salus del país.
La norma deroga la ley aprobada en 1997 por el Ejecutivo de José María Aznar, que abrió la red pública a unas amplias posibilidades de negocio privado, prohíbe el ‘modelo Alzira’ (la construcción y equipamiento privado de hospitales a cambio de la concesión y pago por un cupo de años de la atención a un área de salud público concreto), establece que la gestión privada de centros públicos será algo «excepcional» y sujeto al cumplimiento y superación de duras limitaciones y, cuando sea necesario el concierto privado, favorecerá que se ejerza por entidades sin ánimo de lucro.
Largo proceso
En cualquier caso, los cambios que prevé la ley, que todavía tiene que pasar una segunda vez por el Consejo de Ministros y que no tiene ni mucho menos asegurada su obligada aprobación definitiva por el Congreso, no son retroactivos. Solo afectan a procedimientos futuros. Los conciertos y contratos existentes seguirán vigentes hasta su vencimiento. Eso sí, la ministra, partidaria de cambiar la actual situación cuanto antes, garantiza en la ley asesoramiento técnico de la Alta Inspección del SNS a todas las administraciones sanitarias que «deseen revertir servicios previamente externalizados». Mónica García impulsa esta ley después de que en diciembre pasado, en coincidencia con el escándalo derivado de las grabaciones a responsables del Hospital de Torrejón (centro del ‘modelo Alzira’ propiedad de Ribera Salud), un informe elaborado por su ministerio alertase sobre la «creciente dependencia» del SNS de los hospitales privados. Señalaba que en doce años los hospitales privados o de gestión privada integrados en el SNS habían crecido un 36%, hasta ser 145 (un tercio del total) y recibir 4.800 millones anuales de las arcas públicas. También añadía que se habían disparado los conciertos con centros privados para la realización de consultas, operaciones, pruebas diagnósticas o tratamientos, hasta suponer otros 7.000 millones al año.
Las comunidades autónomas deberán dotar a sus centros de instrumentos de buena gobernanza; se establecerán indicadores comunes de salud y calidad acordados en el seno del Consejo Interterritorial del SNS; las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio; y se establece la externalización de las auditorías siempre que se garantice la incompatibilidad entre la entidad auditora y la auditada para evitar conflictos de interés.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, censura que el Gobierno de España quiera «acabar» con la sanidad madrileña, en su objetivo de limitar la colaboración público-privada, y llevarles «a la revolución» por su «absoluta obsesión» con la región. Díaz Ayuso considera que el Gobierno actúa «amenazando, mintiendo e imponiendo».