Europa ya puede multar por estos ocho usos prohibidos de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede recomendar una película, redactar un correo o ayudar a detectar una enfermedad, pero no puede utilizarse de cualquier manera. Europa ha fijado una frontera jurídica clara y, desde el 2 de agosto de 2026, las autoridades nacionales y la Oficina Europea de Inteligencia Artificial ya pueden supervisar y sancionar el incumplimiento de buena parte del reglamento.

Los usos considerados de riesgo inaceptable están prohibidos desde el 2 de febrero de 2025. Lo que cambia ahora es que ya se aplica el marco general de supervisión y ejecución de esas prohibiciones, junto con nuevas obligaciones de transparencia para determinados sistemas. 

La Ley de Inteligencia Artificial prohíbe manipular a una persona sin que sea consciente

La primera gran prohibición afecta a los sistemas diseñados para manipular o engañar a una persona mediante técnicas subliminales, deliberadamente manipuladoras o engañosas que reduzcan su capacidad para tomar una decisión informada y puedan provocarle un daño significativo.

No significa que cualquier anuncio personalizado o recomendación automática sea ilegal. La clave está en la combinación de engaño, alteración relevante del comportamiento y riesgo de perjuicio. Un sistema que aprovecha mecanismos psicológicos ocultos para empujar a alguien hacia una decisión perjudicial podría entrar en esta categoría.

La Ley de Inteligencia Artificial no permite explotar vulnerabilidades personales

También está prohibido utilizar IA para aprovechar vulnerabilidades relacionadas con la edad, una discapacidad o una situación social o económica concreta cuando esa explotación pueda alterar sustancialmente el comportamiento y causar un daño relevante.

La norma pone el foco en colectivos especialmente expuestos. Un sistema diseñado para presionar a menores, personas con deterioro cognitivo o consumidores en una situación económica desesperada no puede esconderse detrás de una interfaz aparentemente neutral.

La prohibición no depende únicamente de cómo se haya programado la herramienta. También importa cómo se utiliza, a quién se dirige y qué consecuencias previsibles puede provocar.

La Ley de Inteligencia Artificial veta la puntuación social de los ciudadanos

Europa ha prohibido los sistemas de puntuación social que clasifican a las personas en función de su comportamiento, sus características personales o datos inferidos cuando esa evaluación genera un trato perjudicial o desproporcionado.

El supuesto más reconocible sería un algoritmo que acumula información sobre la conducta cotidiana de una persona y convierte ese historial en una puntuación capaz de limitar su acceso a servicios, oportunidades o derechos en contextos que no guardan relación con los datos recopilados.

La diferencia con una evaluación de riesgo legítima está en el uso indiscriminado de la información y en la desproporción de sus consecuencias. Una persona no puede convertirse en una nota permanente elaborada por un sistema opaco.

La Ley de Inteligencia Artificial impide predecir quién cometerá un delito solo por su perfil

La inteligencia artificial tampoco puede utilizarse para evaluar o predecir el riesgo de que una persona cometa un delito basándose únicamente en perfiles, rasgos de personalidad o características personales.

La regulación europea rechaza así la idea de una culpabilidad algorítmica anticipada. Un sistema no puede considerar potencialmente delincuente a alguien solo porque determinados datos estadísticos lo aproximen a un patrón.

La norma contempla matices para herramientas que apoyen una valoración humana basada en hechos objetivos y verificables relacionados directamente con una actividad delictiva. Sin embargo, la predicción individual sustentada exclusivamente en perfiles está prohibida.

La Ley de Inteligencia Artificial prohíbe crear bases de reconocimiento facial mediante rastreos masivos

Otra de las líneas rojas afecta a la recopilación indiscriminada de imágenes faciales extraídas de internet o de grabaciones de circuitos cerrados de televisión para crear o ampliar bases de datos de reconocimiento facial.

La práctica conocida como scraping masivo permite reunir millones de fotografías sin que las personas afectadas sepan que su rostro se está almacenando para entrenar o alimentar un sistema biométrico.

La prohibición trata de evitar que cualquier fotografía publicada en una red social, una web profesional o una grabación de seguridad termine convertida en material para identificar a una persona en otros contextos.

La Ley de Inteligencia Artificial no permite leer emociones en el trabajo o en el aula

Los sistemas que pretenden inferir las emociones de trabajadores o estudiantes a través de su rostro, su voz, sus gestos o su comportamiento también están prohibidos en centros de trabajo e instituciones educativas.

Una empresa no puede recurrir a una cámara con IA para concluir que un empleado está desmotivado, nervioso o poco comprometido. Tampoco un colegio puede evaluar la atención, la sinceridad o el estado emocional de un alumno mediante un detector automatizado de emociones.

Existen excepciones muy limitadas vinculadas a razones médicas o de seguridad, pero la norma parte de una desconfianza clara hacia tecnologías cuya fiabilidad científica resulta discutida y cuyas conclusiones pueden influir en contrataciones, evaluaciones o sanciones.

La Ley de Inteligencia Artificial veta clasificar datos biométricos para deducir características sensibles

Europa prohíbe los sistemas de categorización biométrica destinados a deducir aspectos especialmente sensibles de una persona, como su origen racial, sus opiniones políticas, su afiliación sindical, sus creencias religiosas o filosóficas, su vida sexual o su orientación sexual.

El algoritmo no necesita disponer de esa información de forma explícita. La prohibición también alcanza a sistemas que pretendan inferirla a partir del rostro, la voz, la forma de caminar u otros datos biométricos.

Esto no convierte en ilegal cualquier tratamiento biométrico. El reglamento distingue entre identificar a una persona y clasificarla para atribuirle características protegidas. Es ese segundo uso el que se considera incompatible con los derechos fundamentales.

La Ley de Inteligencia Artificial limita la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos

El uso de reconocimiento biométrico remoto en tiempo real por parte de las fuerzas de seguridad en lugares de acceso público está, como regla general, prohibido.

La norma contempla excepciones estrictas, sujetas a condiciones y autorizaciones, para situaciones como la búsqueda de determinadas personas desaparecidas o secuestradas, la prevención de una amenaza terrorista concreta o la localización de sospechosos de delitos especialmente graves.

No se trata, por tanto, de una autorización general para vigilar calles, estaciones o manifestaciones. Europa exige que el uso sea excepcional, necesario, proporcionado, limitado en el tiempo y sometido a control.

La Ley de Inteligencia Artificial puede imponer multas de hasta 35 millones de euros

El incumplimiento de estas prohibiciones puede dar lugar a las sanciones más elevadas previstas por el reglamento. Para las empresas que no sean pymes, la multa puede alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de su volumen de negocio anual mundial del ejercicio anterior, aplicándose la cantidad que resulte superior. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el reglamento prevé aplicar el umbral más bajo para evitar sanciones desproporcionadas.

La magnitud de las multas explica por qué la Ley de Inteligencia Artificial ya no puede tratarse como una regulación futura. Una empresa que contrata una herramienta creada por un tercero también debe preguntarse qué hace realmente ese sistema, qué datos utiliza y qué decisiones condiciona. Comprar una solución tecnológica no elimina la responsabilidad derivada de su utilización.

Desde el 2 de agosto también se aplican obligaciones de transparencia para determinados contenidos y sistemas. Los usuarios deben saber, por ejemplo, cuándo interactúan con una máquina, mientras que los proveedores y responsables de contenidos generados o manipulados mediante IA deben cumplir exigencias específicas de marcado o etiquetado. Los deepfakes y determinadas publicaciones sobre asuntos de interés público quedan especialmente afectados.

La próxima ampliación relevante llegará el 2 de diciembre de 2026, cuando se aplicará una nueva prohibición relativa a sistemas que generen o manipulen material íntimo sexual no consentido y contenidos de abuso sexual infantil. Hasta entonces, la lista plenamente operativa está formada por las ocho prácticas anteriores.