15 años después: víctimas sin justicia y ETA en el poder

De muchacho, en su pueblo, Juan Manuel Bericiartúa utilizaba una franela que decía «paz» en varios idiomas. Sus conocidos empezaron a llamarlo Pakea, término que en euskera significa paz. El apodo lo siguió durante décadas. Y cuando abrió su restaurante en la montaña venezolana, no dudó en ponerle el nombre con el que todo el mundo lo conocía. Casa Pakea es, entonces, la Casa de Paz». Toda esa calma espiritual no fue suficiente para que este terrorista volara por los aires al guardia civil leonés José Rodríguez de Lama con veinte kilos de Goma 2, más otros cuatro kilos de tuercas y tornillos para que actuaran a modo de metralla. El atentado, que también acabó con la vida de Lucio Revilla, se produjo el once de noviembre de 1978 y cuatro años después Bericiartúa huía a Venezuela sin ser juzgado. Según asegura el periódico La Nación, él y su mujer habrían regresado a España en 2021, libres ya de cualquier responsabilidad, tras una vida de protección en Caracas, primero por Hugo Chávez y después por parte de Nicolás Maduro.

Ayer se cumplían quince años del final de ETA. El anuncio del «cese definitivo de la actividad armada» de ETA, como lo definieron tres encapuchados, llegaba el 20 de octubre de 2011 con 856 asesinados sus espaldas, entre ellos 20 niños. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometía que el fin del terrorismo no conllevaría una democracia sin memoria. Sin embargo, la realidad ha demostrado todo lo contrario y los últimos tres lustros han servido para dejar a las víctimas arrumbadas como un pariente pobre y a sus victimarios, en las instituciones. Los más, libres, los menos, en cárceles del País Vasco con salidas diarias y protagonistas en los ongi etorris. La mayoría de estos homenajes son organizados por Bildu, socio de investidura de Pedro Sánchez.

13 leoneses sin justicia

El libro 379. Los crímenes de ETA sin resolver, coordinado por Daniel Portero y Víctor Valentín Cotobal, presidente y vicepresidente de Dignidad y Justicia, con la colaboración de la Policía Nacional, pone nombre, apellidos y datos específicos a cada una de estas víctimas cuyos casos no han sido aclarados judicialmente. En León esta cifra asciende a trece de un total de 32, trece asesinados que no han tenido ni justicia ni reparación y son, en definitiva, mártires por partida doble.

Es el caso de Dionisio Villadangos Calvo, asesinado un 15 de mayo de 1980, junto a Jesús Holgado Sabio y José Manuel Rodríguez Fontana. Procedente de Villazala, se marchó el día diez del mes de abril a San Sebastián. «Estuvo con nosotros unos días. Acababa de salir de la Academia y lo destinaron a San Sebastián. Precisamente acababa de cumplir los veinticuatro años de edad...» Su madre no consiguió que los asesinos fueran condenados. ETA reivindicó el atentado y se abrieron diligencias de investigación. Sin embargo, fueron sobreseídas el 27 de noviembre de 1980, siete meses después del crimen. La denuncia de los familiares de la víctima se encuentra en estado de tramitación desconocida.

Los trece asesinados que no han recibido la piedad del Estado son: Manuel Llanos Gancedo, que murió junto a otras trece personas en la cafetería Rolando de Madrid en 1974 , José Ramón Morán y Alfredo García González —los terroristas fueron amnistiados— , Dionisio Villadangos, Vicente Zorita, Esteban Álvarez Merayo, Daniel Enríquez García, Juan Manuel García Mencía. Manuel Vicente González Vilorio, José María Martínez Cubero, José Calvo de la Hoz, José Luis Luengos y Juvenal Villafañe.

La inoperancia y la desidia están detrás de la mayoría de estos casos sin resolver. Es el caso de José Luis Luengos. Contratado en una subcontrata de Telefónica en Rentería y ejecutado con un tiro en la nuca, se preguntaba, segundos antes de morir, las razones por las que le habían asesinado. Su familia no ha sido capaz de recibir una respuesta. El crimen quedó impune por las negligencias y la falta de investigación. La Audiencia Provincial de San Sebastián se quedó con la causa judicial sin tener las competencias para ello, la Audiencia Nacional tardó dos años en reclamarla y, tras reabrirla, la cerró solo unos meses después. Destaca Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, que en este caso son responsables no un juez sino «unos cuantos»: «Y que no nos olviden tampoco los fiscales».

«Jueces prevaricadores»

La presidenta de Covite destaca que el final de ETA es una de las mejores noticias de la historia reciente de España. No obstante, deja claro que no se han cerrado todas las heridas. «Para las víctimas, sigue pendiente una deuda esencial: esclarecer los asesinatos que nunca llegaron a resolverse, identificar a sus autores y determinar por qué tantas investigaciones judiciales terminaron sin condenas». La asociación, nacida en 1998 en un contexto de tregua y negociación entre el Gobierno y ETA, lleva más de una década investigando los crímenes de la banda que permanecen sin esclarecer. Las primeras investigaciones de la Fiscalía identificaron 326 crímenes sin resolver, a los que posteriormente se sumaron otros casos anteriores a 1977. La cifra manejada por la asociación se aproxima así a los 370 asesinatos. La respuesta que busca Consuelo Ordóñez no se limita a contabilizar los asesinatos pendientes. La asociación ha emprendido una revisión de documentación judicial para reconstruir qué ocurrió con las investigaciones abiertas tras los atentados y por qué tantas causas acabaron archivadas.

El trabajo incluye la solicitud de autos de incoación y de sobreseimiento de procedimientos relacionados con víctimas cuyos asesinatos siguen sin esclarecerse. La consulta de estos documentos permite examinar las decisiones adoptadas en cada expediente, los motivos invocados para cerrarlo y las diligencias que se practicaron antes de dar por concluida la investigación.

Ordóñez explica que ha recurrido a esta vía, entre otras razones, porque el estudio de los sumarios requiere en muchos casos la autorización de las víctimas o de sus familiares, una dificultad añadida cuando se trata de personas que no pertenecen a asociaciones y cuyos allegados son difíciles de localizar. Según su relato, algunas de las resoluciones que está recopilando justifican el archivo de las causas con argumentos que dan por practicadas todas las diligencias necesarias para determinar los hechos. La asociación cuestiona que esa conclusión pudiera alcanzarse en determinados casos en el mismo día del atentado o pocos días después, sin que consten pruebas suficientes para identificar a los autores. La hermana de Gregorio Ordóñez considera que estos expedientes pueden revelar fallos graves en la investigación judicial. Su denuncia va más allá de la falta de medios o de la presión que soportaban las fuerzas de seguridad durante los años de actividad de ETA y apunta también a las decisiones de jueces y fiscales que, según sostiene, contribuyeron a consolidar la impunidad.

«Para establecer responsabilidades penales sería necesario contrastar los expedientes completos, las diligencias efectivamente realizadas, la legislación aplicable en cada momento y las eventuales resoluciones judiciales posteriores», destaca y denuncia que al revisar las resoluciones correspondientes a los primeros años de la actividad terrorista y ampliar la documentación a periodos posteriores, ha encontrado nombres de jueces que se repiten en distintos procedimientos. En su investigación, presta especial atención a los argumentos utilizados para cerrar las causas y a la posible reiteración de determinados patrones de actuación. La cuestión central es si los archivos respondieron a una imposibilidad real de avanzar en las pesquisas o si hubo investigaciones que se dieron por concluidas prematuramente. «La repetición de un nombre en varios expedientes no demuestra por sí misma una conducta delictiva, del mismo modo que una resolución de archivo no acredita automáticamente una actuación irregular, pero el análisis comparado de los procedimientos puede ayudar a determinar qué diligencias se practicaron, cuáles quedaron pendientes y qué razones llevaron a los órganos judiciales a cerrar cada caso».

Consuelo Ordóñez afirma que hay jueces decentes y otros que no lo son —«los hay honestos, los hay que no lo son, los hay que cumplen su deber de impartir justicia y quienes se quitan el muerto, nunca mejor dicho, cerrando sus causas»— y se pregunta cómo se puede cerrar un caso del que no se ha practicado una sola prueba. «Mire, cuando recibo las causas siempre son iguales, siempre los mismos jueces, prevaricadores y fiscales con nombres y apellidos, y la verdad es que desgraciadamente no son pocos», lamenta.

«Un dolor que nunca pasa»

«El tiempo ha enfriado todo... la gente se cansa de convivir con el sufrimiento», sostenía Mari Carmen Villar, viuda de José Rodríguez de Lama, que tenía treinta y pocos años cuando se quedó viuda con dos hijos y uno en camino. Le tuvieron que provocar el parto después de que la noticia de la muerte le llegara mientras escuchaba la radio. «El dolor no se pasa nunca y, además, acaba con los recuerdos. Hay muchas cosas importantes de mi vida con mi marido que se han borrado. Tras el asesinato, le pedí a mi madre que guardara todas sus fotos y pasé más de un año a base de tranquilizantes. Mi hijo el mayor tenía tres años y preguntaba por su padre. ¿Por qué mi padre está en el cielo y los de los otros niños no?, me decía»... Podría contestárselo Juan Manuel Bericiartúa, el hombre de paz que abrió un templo gastronómico en el país del cartel de los soles.

Mientras, la Federación EH Bildu, constituida por los partidos políticos Sortu, Alternatiba y Eusko Alkartasuna, ha recibido desde su constitución, a finales de 2014, hasta 2023, más de 60 millones de euros en subvenciones públicas.