Dos años y medio de cárcel por la tragedia de Bañolas

La sentencia también impone la misma pena al ex concejal del ayuntamiento de Banyoles, Josep Alsina, como responsable político y administrativo de las actividades turísticas del lago, al considerar que el ayuntamiento es «la única administración competente para autorizar la navegación en estas aguas». Según el fallo, las compañías aseguradoras de la empresa «La Carpa de l''Estany», (propietaria del catamarán) y del ayuntamiento de Bañolas deberán hacer frente al pago de 1,2 millones de euros del total de las indemnizaciones. El resto hasta los tres millones de euros los tendrán que pagar directamente el ex concejal, el ayuntamiento de Bañolas -como responsable civil subsidiario- y los dos barqueros. Además, la sentencia también hace constar la obligación de que los dos propietarios del barco lo pongan a la venta en subasta pública para cubrir una parte de las indemnizaciones que tendrán que pagar. Al margen de la pena de cárcel, que probablemente no comportará el ingreso en prisión de los tres condenados, Gayolá y Simó también fueron condenados a dos años y medio de inhabilitación «para el ejercicio de cualquier profesión o industria de cualquier tipo relacionada con la actividad de transporte de personas en cualquier tipo de aguas». La sentencia dictamina que los tres condenados son los responsables de «21 delitos de homicidios por imprudencia grave, 22 delitos de lesiones por imprudencia grave y 9 faltas de lesiones por imprudencia grave», mientras que fueron absueltos de otras 23 faltas de lesiones. La juez considera probado en su sentencia que tanto Gayolá como Simó carecían de la titulación necesaria para manejar la embarcación. Según la sentencia, Gayolá, de 72 años, ejerció «durante muchos años esta actividad de recreo contando tan sólo con un título de pesca y otro para el manejo de embarcaciones de recreo careciendo de los conocimientos y titulación para patronear una barca con capacidad para 80 personas».