La Ley obligará al cierre de actividades en zonas ruidosas o a restringir los horarios
Las ciudades deberán tener mapa de contaminación acústica en 4 años
El proyecto de Ley del Ruido, remitido ayer al Congreso por el Gobierno, obligará a las ciudades de más de 250.000 habitantes y a grandes ejes de comunicacion

Foto de archivo de los vecinos del Barrio Húmedo en una protesta en el Ayuntamiento por los ruidos
El objetivo principal de la norma, que transpondrá la directiva europea, es «prevenir, vigilar y reducir los niveles de contaminación acústica para evitar daños a la salud y al medio ambiente». De esta forma, se prevé a través de la aplicación de la Ley y sus futuros reglamentos garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Las sanciones máximas por infracciones muy graves ascenderán a 300.000 euros. La Ley prevé la definición de «áreas acústicas» en función del uso del suelo, como por ejemplo, un área residencial, sanitaria o de ocio. Cada área contará con un objetivo de calidad, en el que se tendrá en cuenta las emisiones y recepciones de ruido y el grado de exposición de la población, así como la sensibilidad de las actividades que se desarrollan (hospitales, escuelas o hábitat de fauna) y factores culturales (monumentos de patrimonio histórico). En el caso de que el área cuente con ejes de carreteras o trenes, se definirá como un espacio de «servidumbre acústica» en el que, si se edifica, la nueva construcción deberá garantizar una calidad en el interior de la vivienda con medidas correctoras, como por ejemplo dobles ventanas o reforzamiento de paredes. A través de la norma también se establecerán unos valores límites de recepción y emisión de ruido, que se prevé que sean homogéneos dentro de la Unión Europea. Una vez conocidos estos límites, si el área acústica supera los valores se denominará «zona de protección acústica especial». Dentro de estas zonas ruidosas se podrán establecer restricciones horarias a ciertas actividades, prohibiciones de nuevas fuentes de emisión e incluso el cierre de actividades, a través de los planes zonales que elabore cada ayuntamiento o comunidad autónoma.