Casi el 100% de los españoles pide inversiones para suprimir las barreras arquitectónicas

Los penares de miles de discapacitados para transitar por la selva urbana y acceder a edificios y espacios que los ignoran son bien conocidos por la sociedad española. Más del 70% de los ciudadanos es consciente de las dificultades que afronta este nutrido colectivo -3,5 millones en España- para desenvolverse y circular con una mínima normalidad. De la precariedad de las ayudas asistenciales y económicas que se les prestan, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La inmensa mayoría de los consultados, entre el 74% y el 90%, reconoce las barreras arquitectónicas y urbanísticas como una pesadilla y un obstáculo para la integración de muchos discapacitados. Consideran que acceder a los transportes públicos, hoteles y restaurantes, centros recreativos, de deporte y lugares de ocio les resulta, en general, «difícil o muy difícil». Y denuncian, en similares porcentajes, que las ciudades y pueblos españoles suelen ser territorio minado para quien no esté en plenas condiciones físicas; mal equipadas de rampas y bordillos accesibles (65,9%); de semáforos acústicos duraderos (74,7%); de aceras sin obstáculos y socavones (74,3%); y de viviendas practicables (75,8%). El CIS dedicó buena parte del estudio del mes de marzo a sondear la percepción social sobre las minusvalías en coincidencia con el Año Europeo de la Discapacidad. Además del clamor ciudadano (97%) de mayores inversiones públicas para suprimir barreras físicas, la encuesta constata una clara percepción de la insuficiencia de las ayudas sociales y económicas a este colectivo. El 74% estima que la atención sanitaria y asistencial es insuficiente, como lo son para el 65,8% las prestaciones económicas y fiscales que reciben. También están lejos de lo debido, a juicio del 57,8%, las bonificaciones a los empresarios promotores de empleo para discapacitados, a pesar de las especiales trabas para su integración laboral.