La Comisión Europea estudia la legalidad del procedimiento de contratación empleado por el Gobierno
Bruselas abre un procedimiento de infracción por el trasvase del Ebro
La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción en el que está examinando «minuciosamente» el sistema utilizado por el Gobierno esp

Imagen de archivo de una de las manifestación celebradas en Zaragoza contra el trasvase del Ebro
En concreto, señala que en caso de que la entidad Trasagua (creada por el Estado en marzo del 2002 para la adjudicación, construcción y explotación de las obras y otras actividades relacionadas con el trasvase del Ebro) fuera considerada organismo de derecho público y, en este sentido, entidad adjudicadora, «debe respetar las normas comunitarias de contratación pública, especialmente el principio de publicidad». Los eurodiputados, que se hacen eco de dos denuncias presentadas en enero ante la Comisión Europea, critican precisamente que el Gobierno español había contratado los estudios ambientales a Trasagua sin haberlos publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión recuerda en concreto el asunto llevado ante el Tribunal de Justicia sobre la noción de entidad adjudicadora y organismo de derecho público y su interpretación en el Derecho español. Este asunto ha sido sentenciado por el Tribunal posteriormente a esta respuesta parlamentaria, condenando a España por vulnerar la normativa europea de contratos públicos. «La financiación comunitaria en el marco de los Fondos Estructurales y de Cohesión está condicionada explícitamente al cumplimiento del conjunto de la legislación comunitaria aplicable, incluida la relativa a los contratos públicos», señala la respuesta parlamentaria. Asimismo, el texto recuerda que por «organismo de derecho público» se entiende aquel creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general con un carácter no industrial o comercial y con personalidad jurídica. Además su actividad debe estar financiada mayoritariamente por el Estado, por las entidades territoriales o por otros organismos de derecho público.