Nueva estrategia eléctrica

El Gobierno Central ha presentado la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, un plan con el que se calcula un ahorro energético por valor de 12.853 millones de euros, equivalente al petróleo crudo importado al año o al 50% de la energía consumida anualmente. A esta cifra hay que añadir un ahorro de energía primaria acumulado de 70 millones de toneladas equivalentes de petróleo y se evitará la emisión a la atmósfera de 190 millones de toneladas de CO2 en el mismo plazo. De esta forma, se calcula que la intensidad energética primaria disminuirá el 7,2% durante los próximos 8 años, lo que supondrá que el consumo de energía se reducirá del 3,5% al 2,8% de crecimiento anual hasta 2012, para un crecimiento del PIB del 3% de media durante dicho período. Esta iniciativa, junto con la planificación de redes, la metodología de tarifas, el Plan de Fomento de las Energías Renovables y la reciente liberalización del gas y la electricidad, trata de garantizar conjuntamente el crecimiento económico, el suministro eléctrico, mantener un desarrollo sostenible y reducir la dependencia energética del exterior. 186 actuaciones La Estrategia analiza los sectores de la Industria, Transporte, Edificación, Equipamiento Residencial y Ofimática, Servicios Públicos, Transformación de la Energía y Agricultura, estableciendo objetivos para cada uno de ellos y definiendo los instrumentos que es preciso aplicar, cuantificando costes y ahorros energéticos derivados. En conjunto, se ha propuesto la adopción de 186 actuaciones, entre las que se incluyen reformas en el alumbrado público, renovación de las calderas de calefacción, incremento del transporte público y campañas para que los consumidores adquieran electrodomésticos y vehículos más eficientes. Del total de medidas, 107 se orientan a la industria, 20 al transporte, 27 a transformación de la energía, 12 a la edificación y las 20 restantes a los otros sectores. Se estima un coste global de inversión de 25.993 millones de euros, de los que 1.895 serán financiados por las distintas Administraciones y, el resto, por la iniciativa privada. El documento será remitido para su análisis a las Comunidades Autónomas, sectores implicados y agentes sociales, para ser enviado a finales de septiembre a la Comisión de Economía del Congreso.