Condenan al Estado a pagar 110.000 euros a la familia de un paciente El Gobierno italiano endurece las penas por consumo de drogas

La Audiencia Nacional ha condenado a la Administración Central del Estado a indemnizar con 110.000 euros a la esposa y a la hija de un paciente que falleció después de haber recibido el alta médica en dos hospitales de Madrid, la Fundación Jiménez Díaz y el Clínico San Carlos, a los que acudió con una hemorragia cerebral. Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección Cuarta del organismo judicial en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estima parcialmente el recurso interpuesto por las afectadas. El ponente de la resolución ha sido el magistrado Tomás García Gonzalo. El fallo declara probado que el fallecido, Esteban A.A., de 77 años de edad, era un paciente con antecedentes de hipertensión arterial y fumador de un paquete de cigarrillos diarios durante 60 años, aunque cuando ocurrieron los hechos había reducido la dosis a cuatro al día. Durante el mes de septiembre de 2000 acudió en dos ocasiones (los días 21 y 28) a su médico de familia con un proceso catarral agudo, prescribiéndole el facultativo los correspondientes medicamentos. Al persistir el malestar, en la última consulta fue remitido a la Clínica de la Concepción, donde le trataban su problema vascular. Esteban ingresó con cefalea occipital y cervical que se irradiaba a los hombros, y con mareos, síntomas que le dificultaban conciliar el sueño y que, según manifestó a los sanitarios, habían aparecido una semana antes. Los facultativos no observaron ninguna alteración neurológica ni diagnosticaron «patología urgente», por lo que enviaron a casa al paciente. Once días después, el enfermo recibió visita domiciliaria de su médico de cabecera que, al encontrarle «desorientado, dormido, sin capacidad de responder a órdenes sencillas», decidió remitirlo al servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos, donde le diagnosticaron una «cefalea en posible relación con contractura de musculatura cervical» y le dieron el alta. Transcurridas dos semanas el paciente seguía sin responder a mandatos. Además, la familia le informó de que ha tenido alguna crisis hipertensa. Más tarde murió. El Consejo de Ministros italianos aprobó ayer en forma definitiva un decreto ley que establece la «tolerancia cero» con las drogas, castigando su posesión y consumo y eliminando la distinción entre las «blandas» y «duras». El decreto, que ya había recibido la luz verde preliminar del Ejecutivo el pasado noviembre, ha sido de nuevo revisado desde entonces y ahora deberá comenzar su examen en el Parlamento, donde el Gabinete goza de una cómoda mayoría. La nueva normativa ha sido impulsada por el viceprimer ministro, Gianfranco Fini, de la Alianza Nacional, y ha recibido ya numerosas críticas por parte de la oposición de centroizquierda y una parte de la magistratura, que la consideran demasiado represiva. «Se trata de una ley basada tan solo en la represión indiscriminada de los consumidores y que creará más marginación», afirmó ayer el parlamentario de Los Verdes Paolo Cento, quien anunció un duro enfrentamiento en el Parlamento. Un parecer similar fue el de Gloria Buffo, de Demócratas de Izquierda (DS), quien insistió en que «es falso afirmar que la heroína hace el mismo daño que un porro». Sin embargo a favor de la nueva propuesta de ley se han decantado diversos miembros de la mayoría conservadora y los responsables de las Fuerzas del Orden, que consideran que su aplicación servirá para una más eficaz labor de prevención por parte de la Policía. Penalización El Gobierno se decanta en su decreto por la penalización de las drogas blandas, como el cannabis y la marihuana, cuyo consumo propone castigar con sanciones administrativas como la retirada entre un mes y un año del carné de conducir o el pasaporte. El prefecto (gobernador civil) podrá obligar asimismo a quien incumpla la normativa a llegar a su casa a una determinada hora, prohibirle que acuda a ciertos lugares públicos e, incluso, alejarla de su lugar habitual de residencia, bajo amenaza de prisión menor. La norma establece una «dosis mínima» por debajo de la cual solo podrá haber sanciones administrativas, fijada en 150 miligramos de cannabis y derivados, 500 miligramos de cocaína y 200 de heroína. Sobrepasados esos niveles de posesión se aplicarán sanciones penales y ya no existirá la figura de la simple «amonestación» por parte del Gobierno Civil, que hasta ahora salvaba a quien era descubierto con drogas la primera vez. Según algunos estudios recientes, el 33 por ciento de los jóvenes italianos entre 15 y 19 años han probado el cannabis, entre el 10 y el 12 por ciento la cocaína, el 11 por ciento el éxtasis y cerca de un 8 por ciento el crack. En Italia existen más de 300.000 heroinómanos, de los cuales unos 20.000 están en prisión. Con esta medida, el Gobierno italiano pretende tener «tolerancia cero» ante el consumo y tráfico de estupefacientes que persigue con duras normas .