Companys

EL MINISTRO de Defensa, que tiene mando en todas las plazas, ha comprometido su apoyo a la propuesta de ERC de anular el ominoso Consejo de Guerra franquista que condenó a muerte al presidente de la Generalitat de Catalunya, don Lluis Companys, fusilado en 1940 en Barcelona. Por su elevado rango en la jerarquía castrense y por su buena disposición a reparar, siquiera formalmente, la brutal injusticia que se perpetró contra el líder republicano, José Bono puede y debe extender su compromiso a la anulación de todas aquellas farsas jurídicas escenificadas por los rebeldes para castigar, con la muerte en tantos casos, a quienes permanecieron leales al Estado legítimo y lo defendieron de la violenta subversión fascista. A don Lluis Companys, que traspuso a pie la frontera francesa junto al presidente de la Nación, señor Azaña, cuando cayó Cataluña en febrero del 39, le entregó la Gestapo a Franco por el puente internacional de Irún una noche de luna clara. Yo conocí al centinela que estaba de guardia aquella noche en la frontera, un soldado republicano hecho prisionero en la Guerra y obligado a combatir contra los suyos y me contó los detalles de aquel infame regalo de Hitler a Franco. Trasladado a Madrid, vejado y torturado en Gobernación durante varfias semanas, don Lluis, que había salvado la vida de miles de afectos a la sublevación en los primeros meses de descontrol en zona republicana, fue llevado finalmente a Barcelona para ser «juzgado» y asesinado en las tapias del castillo de Montjuich. Quedaron para la Historia enlodado su nombre y su honor en aquel acta del consejo de guerra como quedaron los de tantos miles de leales e inocentes anónimos y hora es ya, si queremos restituir los elementales conceptos del bien y del mal, de limpiar su fama y sus biografías del baldón de ignominia que arrojó sobre ellos, antes de quitarles la vida, la máquina de venganza, odio y muerte de la «justicia» franquista. El ministro de Defensa, que tiene ahora mando en todas las plazas, tiene por ello, en consecuencia, el deber patriótico y la responsabilidad histórica de devolver el honor robado a las víctimas de aquel sangriento sindiós.