El Gobierno deroga el trasvase por otro plan 400 millones más barato

El Gobierno dio ayer la puntilla al Trasvase del Ebro. Con un decreto que reforma el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el Ejecutivo suspendió las obras previstas por el anterior Gabinete del PP y aprobó una serie de medidas urgentes entre las que destacan el dotar de 1.063 hectómetros cúbicos de agua a las cuencas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Para la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el centenar de actuaciones que sustituye al trasvase costará 3.798 millones de euros, lo que supondrá un ahorro de 400 millones con respecto al proyecto original del PP. Los gobiernos de Valencia y Murcia estudian la presentación de un recurso contra la norma que pone en dique seco la transferencia de agua al Levante. Según el Gobierno, el plan alternativo al trasvase tiene la virtud de proporcionar más agua y a un precio más barato a las regiones deficitarias. Aunque el Gobierno popular aseguró que el trasvase permitiría allegar 1.050 hectómetros cúbicos de agua, Narbona rebajó sustancialmente esta cifra y dijo que tan sólo se hubieran canalizado 620. «La transferencia de agua entre cuencas debe ser la última decisión, nunca la primera», adujo la ministra, quien abogó por el ahorro de recursos hídricos, la corresponsabilidad en las comunidades autónomas en la gestión del agua y la fijación de tarifas realistas que reflejen los verdaderos costes. Dejó claro Narbona que no habrá nunca trasvase del Ebro, lo que no significa anatemizar esta opción en un futuro si las condiciones lo requieren. Narbona prometió que a mediados del 2005 llegará agua a las zonas del Mediterráneo como resultados de las actuaciones aprobadas, ampliándose las plantas. Inversiones Para procurar agua y realizar obras que prevengan inundaciones, en Andalucía se invertirán 579 millones, en Murcia 875, en la Comunidad Valenciana 1.219 y en Cataluña 1.110. Según la ministra, el Gobierno ha tomado esta decisión porque representaba un compromiso electoral del PSOE, pero también porque la iniciativa del anterior Ejecutivo del PP carecía de cualquier tipo de racionalidad económica. En virtud de la nueva política, los beneficiarios del futuro plan alternativo tendrán que pagar entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico si el uso que se hace del agua es agrícola; entre 50 y 70 céntimos de euro si se trata de un empleo industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano, y entre 1,1 y 1,3 euros para nuevas concesiones urbanísticas y otros usos turísticos y deportivos, como campos del golf. Narbona inscribió las palabras de los presidentes de Valencia y Murcia de ofrecer agua gratis a los agricultores dentro de la «más absoluta demagogia». Con el fin de financiar las nuevas obras, el Gobierno ya ha «transmitido» a los comisarios europeos competentes la «intención de solicitar fondos de cohesión y Feder».