La UE deja en manos de los Estados miembro las sanciones por mareas negras

Los ministros de Transporte de la UE han llegado a un acuerdo de mínimos que deja vía libre a la aprobación de una nueva directiva destinada a sancionar los vertidos contaminantes en el mar (voluntarios o por negligencia) y tratar de evitar tragedias como la del Prestige o el Erika. Aunque en la normativa se proponía instaurar en toda la UE fuertes sanciones penales contra los responsables de vertidos ilegales, opción defendida por los países que han sufrido mareas negras (España, Francia, Portugal), apoyados por Italia y la Comisión Europea, se encontraron con la fuerte oposición de otros (Dinamarca, Grecia, Holanda, Reino Unido) que querían evitar que sus potentes navieras sufriesen fuertes sanciones. Para no bloquear la directiva y con el pretexto de que la UE no es competente en esta materia, se deja en manos de los Estados miembros, a título estrictamente individual y voluntario, la aplicación de las sanciones (administrativas, económicas o penales) que crean convenientes. De esta forma, cuando las autoridades marítimas de un país tengan pruebas de que un buque está causando una contaminación grave, bien sea por accidente o por una operación de limpieza de tanques (los llamados «sentinazos», una práctica que genera más vertidos que los naufragios), estarán obligadas a tomar medidas, incluida la detención del buque. A partir de ahora serán sancionados, además del capitán y el armador, las compañías de clasificación de los buques o las empresas que los hayan contratado, si bien, esto sólo podrá ser aplicable en las 12 millas de aguas territoriales y no en las 200 que comprende la zona económica de un país. Según las organizaciones ecologistas, el anunciado aumento de la producción de petróleo por parte de la OPEP provocará un incremento del transporte de crudo por vía marítima y un mayor riesgo de mareas negras. Además, ante la escasez de naves, es previsible que la industria busque barcos monocasco para el transporte.