El precio del piso

¿SABE usted cuánto sube el precio de la vivienda? Si responde que mucho, acertará, pero si utiliza alguna de las estadísticas disponibles lo más probable es que se equivoque, pues ninguna es demasiado fiable. Por eso promotores y constructores pidieron hace meses que se creara un índice periódico público de esos precios, como el del IPC, pero eso es un reto que lleva muchos meses pues la de la vivienda es una estadística compleja. Mientras tanto, lo único oficial que hay es la estadística que sobre la evolución de los precios de los pisos publica el Ministerio de Fomento desde 1987 y que durante años ha utilizado el PSOE para criticar la política de vivienda del PP, pero resulta que para la ministra de Vivienda esos precios deben pasar a mejor vida, pues generan «incertidumbres y preocupaciones innecesarias». La de María Antonia Trujillo es la táctica del avestruz. La mejor manera de ignorar que el precio de la vivienda sigue aumentando escandalosamente es no verlo, y para lograrlo se elimina la estadística que lo delata. Si no hay datos, no hay burbuja. El PSOE acuñó en el pasado el concepto del apagón estadístico para denunciar la lentitud con la que el gobierno del PP deba a conocer algunas cifras, faltas de calendario y proclives a la ocultación. Era una crítica justa y con el cambio de gobierno se impulsó desde Economía una política de la transparencia estadística, incluyendo un calendario para la publicación de los datos más relevantes, que ahora choca de bruces con el anuncio de la desaparición de una estadística socialmente tan importante como es la del precio de las viviendas. Eso no es un apagón, es que se nos ha cae la red de distribución, y eso obliga a que la ministra rectifique. Con las competencias de urbanismo transferidas a las comunidades autónomas la creación de un Ministerio de Vivienda no tiene justificación. Este símbolo de la planificación franquista, rescatado del túnel del tiempo, habrá permitido cuadrar la cuota paritaria de ministras y ministros, pero su titular está obligada a consensuar casi todo con otras administraciones, por lo menos hasta que no recupere músculo con una nueva Ley del Suelo estatal. Para lo que queda (fijar el módulo de las VPO, pagar subvenciones o intermediar en el mercado del alquiler) no se necesita un Ministerio.