El Gobierno aprueba reservar el 5% del empleo público a discapacitados

El Consejo de Ministros aprobó ayer, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un decreto que refuerza la reserva de plazas para este colectivo en las ofertas de empleo público, con el fin de que se aproximen al 2 por ciento del total de efectivos, ya que actualmente sólo llegan al 0,7. La reserva de plazas es del 5%; el decreto del Ministerio de Administraciones Públicas establece que si las personas con discapacidad no alcanzan el 3 por ciento de las plazas convocadas, sus puestos no cubiertos se acumularán al cupo del 5% de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10%. Esto supone eliminar, en la mayoría de los casos, la acumulación al turno libre de las plazas no ocupadas, hecho que tradicionalmente ha desvirtuado la finalidad del cupo de reserva. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la norma busca fomentar la igualdad en la sociedad de este colectivo que ronda los 3,5 millones de personas, mientras que el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, destacó la necesidad de lograr «la normalidad y la pluralidad» en el empleo. Sevilla, antes de almorzar con el Comité Española de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), consideró que la administración pública tiene que «predicar con el ejemplo» y confió en que al final de la legislatura los discapacitados logren el 5 por ciento de las nuevas plazas. Destacó la creación de una comisión que estudiará la aplicación del decreto y hará un seguimiento «persona a persona» para conocer su integración y sus problemas en la administración pública. Procesos formativos Siempre que el tipo y grado de la discapacidad lo justifique, los discapacitados tendrán preferencia para elegir destino y evitar que la «inadecuación» de una plaza pueda provocar que el candidato que ha superado las pruebas no se incorpore a ella. Se tomarán además medidas para que los discapacitados participen en condiciones de igualdad en los procesos formativos, con cursos específicos para ellos. La tasa real de paro entre las personas discapacitadas en edad de trabajar es del 81 por 100. El presidente de la Cermi, Mario García, mostró su satisfacción por la nueva norma porque, tal como dejó claro el secretario general de este comité, Carlos Rubén Fernández, «todos los perfiles de la discapacidad son perfectamente hábiles» para trabajar en la administración pública. «No tiene mucho sentido reservar puestos para discapacitados intelectuales cuando estamos hablando de un puesto de magistrado, pero sin embargo un puesto de ujier puede ser perfectamente cubierto por cualquier persona con discapacidad intelectual», apuntó.