Los homosexuales podrán casarse en España antes de seis meses

España se convertirá dentro de seis meses en el tercer país del mundo, tras Holanda y Bélgica, en el que los homosexuales podrán contraer matrimonio en las mismas condiciones que el resto de parejas. El Gobierno ha decidió desatender las exigencias del Consejo de Estado, que proponía diferenciar este tipo de uniones del resto e incluso que esa unión no se llamara «matrimonio». Según las previsiones del Gobierno, la tramitación parlamentaria permitirá que antes del verano se celebren las primeras bodas entre homosexuales. La vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, se refirió ayer al presentar el proyecto a las críticas de la Iglesia católica y aseguró que, en contra de lo que dicen los obispos, la institución del matrimonio «no sólo no está amenazada» con esta normativa sino que «viene a reforzarse». Pero la Conferencia Episcopal Española insistió ayer en sus reproches y calificó de «error e injusticia» el proyecto aprobado por el Gobierno. Según los obispos el Ejecutivo hace un uso «arbitrario del poder» y con esta ley «se abandona la sabiduría humana y jurídica de toda la Humanidad». Aseguran además que el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual y que a dos personas del mismo sexo «no les asiste ningún derecho» a contraer matrimonio entre ellas. Evitar el chiste fácil El Gobierno no sólo pretende que los homosexuales tengan los mismos derechos que el resto de ciudadanos, incluida la adopción de niños, sino que quiere erradicar cualquier discriminación hacia este colectivo. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno instó a los ciudadanos a evitar cualquier discriminación incluyendo «el silencio y el chiste fácil». La tramitación parlamentaria de la ley comenzará en febrero y se estima que antes del verano se podrán celebrar las primeras uniones. La fórmula por la que el Gobierno introduce el matrimonio homosexual es a través de una modificación del artículo 44 del Código Civil. Se añade a su redacción un segundo párrafo que indica que «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo». Con esta ley, según Fernández de la Vega, se acaba «con una larga trayectoria de discriminación histórica basada en la orientación sexual de las personas». La vicepresidenta aseguró que la realidad social española es «mucho más rica, plural y dinámica» que la que surgió del actual Código Civil, redactado en 1889. De acuerdo con Fernández de la Vega, la iniciativa gubernamental promueve valores constitucionales básicos como el libre desarrollo de la personalidad, la promoción de la libertad en la organización de la convivencia y la no discriminación por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social. La nueva redacción del texto hace algunas precisiones terminológicas. Por ejemplo, sustituye las palabras «hombre y mujer» por el genérico de cónyuges.