Las empresas contaminantes tendránque controlar el estado de sus suelos

Después de cuatro años de trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente ha concluido un borrador de real decreto sobre suelos contaminados, que ya ha sido aceptado por las comunidades autónomas y cuya aprobación se espera para las próximas semanas. Según se reconoce desde el citado Ministerio, aunque en el Inventario Nacional sobre Suelos Contaminados se habían censado cerca de 5.000, el número de los existentes es mucho mayor. De los más de dos millones de toneladas de metales pesados (desechos industriales y mineros), hidrocarburos (vertidos de gasolineras o lubricantes de automoción), organoclorados, pesticidas y otros residuos tóxicos y peligrosos que se producen anualmente en España, sólo la cuarta parte recibe un tratamiento adecuado. El resto, es vertido de forma ilegal afectando a los recursos naturales (agua, aire y suelo) y a nuestra salud. Por Comunidades, las de Andalucía, Cataluña y País Vasco son las que cuentan con mayor número de emplazamientos afectados mientras que las de Baleares, La Rioja y Extremadura se encuentran en el polo opuesto. Informe sobre los suelos Se declarará suelo contaminado aquel que suponga un riesgo para la salud y los ecosistemas por lo que se establecen niveles máximos para 60 sustancias contaminantes que van del cloroformo al DDT. Además, los límites permitidos para un suelo urbanizable serán diez veces menores que si se trata de un suelo industrial o agrícola. En el borrador también se recoge que las empresas consideradas como potencialmente contaminantes deberán elaborar un informe sobre el estado de su suelo, que entregarán a la Consejería de Medio Ambiente de su Comunidad, en el que figurarán aspectos como si está o no pavimentado, la red de drenaje, qué cantidad de sustancias utiliza y almacena, cuáles de ellas son peligrosas y cómo las almacena, etcétera. Las miles de empresas incluidas en ese apartado pertenecen a un centenar de sectores que abarcan desde fabricación de productos químicos a talleres de automóviles pasando por las fábricas de muebles o de ordenadores, empresas farmacéuticas o las de transformación de metales. El decreto obligará igualmente a aquellas de otros sectores que manejen al año más de 10 toneladas de sustancias peligrosas o almacenen más de 50.000 litros. No se han incluido los polígonos de tiro como actividades potencialmente contaminantes a la espera de que los Ministerios de Medio Ambiente y Defensa lleguen a un acuerdo sobre un plan de actuación. A la vista de esos informes, la Consejería de Medio Ambiente será la encargada de determinar qué suelos están contaminados y obligará a los dueños del terreno a su descontaminación. Aunque no se fija ningún plazo para llevar a cabo la limpieza, salvo en situaciones extremas, las empresas no podrán vender, ampliar el negocio ni cambiar el uso del suelo. Además, según se recoge en el borrador «el registrador de la propiedad deberá hacer constar la expedición del certificado de suelo contaminado por nota extendida al margen de la última inscripción». Dicha nota será retirada cuando la comunidad certifique que ha sido descontaminado.