Diario de León

El Consejo Escolar apoya la Educación para la Ciudadanía

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a.p. | madrid
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El Consejo Escolar del Estado cree ahora que la asignatura de Educación para la Ciudadanía debe tener un rango académico relevante y no limitarse a ser una materia transversal que impregne todo el currículum escolar. Así lo aprobó hoy la Comisión Permanente de este órgano de participación escolar, que ha enmendado su postura inicial. La entidad, en la que está representadas las organizaciones que integran la comunidad escolar, estudió hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación (LOE), presentado hace un mes por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo. Frente a lo aprobado meses antes, cuando las organizaciones progresistas y católicas votaron juntas contra la nueva materia, ayer cambiaron las tornas y los defensores de la supresión de la asignatura consiguieron escasos apoyos. En febrero de este año, el pleno del Consejo Escolar del Estado votó a favor de una propuesta que decía: «El tratamiento de los valores en el sistema educativo deberá llevarse a cabo de forma transversal en todos los niveles y etapas, formando parte del proyecto educativo del centro y de la acción tutorial». La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), Lola Abelló, manifestó su apoyo a la creación de una nueva asignatura que realce la convivencia, aunque sostuvo que los «valores son para vivirlos». «No hay que olvidar», dijo Abelló, «que la educación en valores es una responsabilidad de la familia, de la escuela y de la sociedad en su conjunto. Ayer resultaría difícil e inoperante cargar la responsabilidad a una de dichas instituciones en exclusiva». Rosa María de la Cierva, vinculada a la Conferencia Episcopal y miembro del Consejo Escolar, lamentó la incoherencia del organismo, que meses antes creía que los valores cívicos y sociales tenían que inspirar toda la programación escolar. A juicio, la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, asignatura ideada para combatir la violencia doméstica puede cercenar el principio de libertad ideológica y religiosa que consagra el artículo 16.1 de la Constitución.

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