Este mes entra en vigor el registro de derechos de emisión y su seguimiento

Las bajas temperaturas y la escasez de precipitaciones de los últimos meses dificultarán la reducción de emisiones de gases contaminantes al obligar a recurrir con mayor intensidad a la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles. Así lo ha afirmado la ministra de Medio Ambiente tras presidir el Consejo Nacional del Clima, órgano consultivo en el que participan representantes de todos los sectores implicados (administraciones, empresas, expertos, universidades, sindicatos, ecologistas, consumidores y empresarios). Anunció, además, que este mes entrará en funcionamiento el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE), el instrumento que regula el régimen de comercio de gases de efecto invernadero. El RENADE tiene por objeto la inscripción de la expedición, titularidad, transmisión, entrega, retirada, cancelación y demás transferencias de los derechos de emisión, en el que se inscribirá la suspensión de la capacidad de transmitirlos en los supuestos previstos por la normativa, así como la expedición, titularidad, transmisión, entrega, retirada, cancelación y transferencias que tengan por objeto las demás unidades relevantes de cantidad asignada o de reducciones de emisión. El Consejo Nacional del Clima analizó también el borrador del Real Decreto que establecerá las normas básicas que regirán los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones. Para ello, los titulares afectados deberán notificar anualmente a su comunidad autónoma las emisiones de cada instalación mediante un informe que será sometido a verificación. También se han presentado las directrices para el funcionamiento de la Autoridad Nacional Designada, cuya finalidad es analizar y autorizar los proyectos, de entidades públicas y privadas, del mecanismo de desarrollo limpio y aplicación conjunta que se establecen en el Protocolo de Kioto. Este organismo se hace cargo de las directrices para la inversión del capital público en la compra de unidades a través de los mecanismos de flexibilidad y de la valoración de la participación voluntaria de España en el mecanismo de desarrollo limpio y aplicación conjunta. Se promoverá la suscripción de convenios de colaboración con las CCAA para promover y facilitar el desarrollo de proyectos amparados en los mecanismos flexibles del citado Protocolo.