El Parlamento europeo rechaza el proyecto sobre patentes de software

El Parlamento europeo zanjó ayer un debate que viene arrastrándose en el mundo desde febrero de 2002 acerca del derecho de patente sobre aplicaciones informáticas desarrolladas a partir de otros programas, rechazando, por una abrumadora mayoría, la propuesta de la Comisión que pretendía conferir el derecho en cuestión a ese tipo de realizaciones, y que las grandes empresas del sector venían reclamando insistentemente. El rechazo de la Eurocámara se suscita en lo que se conoce como «segunda lectura» según los procedimientos establecidos por el Tratado de Niza, que no contemplan una revisión de las posiciones del Parlamento, la Comisión o el Consejo. El proyecto de Directiva está, por lo tanto, muerto desde ayer y la representante del Ejecutivo comunitario en el debate, Benita Ferrero-Waldner, anunció que el Colegio no presentará una nueva propuesta, salvo que el Parlamento se lo pida, en el ejercicio de sus prerrogativas. El derecho rechazado por el Parlamento no concierne, estrictamente, a los programas de ordenador, sino al uso integrado de ellos en gestión de cometidos muy sofisticados, como puedan serlo la tomografía por escáner, la gestión de seguridad de los automóviles o aplicaciones aparentemente simples, como la compra de artículos por Internet a través de un simple botón en la pantalla, que movilizan bases de datos ingentes y conexiones con servidores de Internet que dan garantías sobre la solvencia del pago comprometido. Con su propuesta del pasado año 2002, la Comisión europea buscaba armonizar las condiciones para garantizar los derechos a los productores de este tipo de aplicaciones a través de toda Europa. Nokia, Siemens y Alcatel, por ejemplo entre otras, habían hecho bandera propia de esta causa. Armonización normativa Actualmente, esa competencia la detentan individualmente los Estados miembros pero en un mercado integrado como el europeo, y tratándose de ofertas tan universales como las concernidas, parecía lógico buscar una armonización normativa que les facilitara la vida a los inventores y que, al tiempo, generara garantías entre los usuarios. Así lo entendió también el Consejo, que dio el visto bueno a la propuesta comunitaria a través de una posición común relativamente contestada en su seno.