La Once prueba con la suerte instantánea

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se autoriza a la Once la explotación de una lotería instantánea, «lo que contribuirá a mejorar los recursos de la Once, que atiende a un gran número de personas con discapacidad», según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Esta modalidad de lotería , el «rasca-rasca» consiste en la obtención de un premio que es invisible para el jugador hasta su revelado o apertura a través de los medios previstos en cada producto. La vicepresidenta explicó que este juego de azar tiene un éxito «demostrado» en otros países vecinos, y señaló que el Gobierno «desde un primer momento ha hecho suya la lucha contra cualquier discriminación» de las personas con alguna dificultad. En su opinión, el nuevo juego «producirá beneficios y repercutirá de forma importante en un sector de la población que necesita ayuda específica», agregó Fernández de la Vega. El real decreto establece las condiciones básicas y gestión de la citada lotería y atribuye a la ONCE su dirección, organización y explotación. Los ingresos obtenidos por la explotación de la lotería instantánea se destinarán a los mismos fines y estarán sujetos a las mismas obligaciones de utilización establecidas para los demás juegos autorizados a esta organización. La vigencia de la autorización está limitada al 31 de diciembre de 2011, sin perjuicio de las prórrogas que pudiera acordar el Consejo de Ministros. Críticas de los ludópatas No obstante, las críticas no se han hecho esperar: el presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, Leonardo Soriano, se opuso ayer a esta propuesta porque es un juego con un «poder muy adictivo, mayor que el de las máquinas tragaperras» y, además, «en España ya existe bastante oferta de juegos». Esta modalidad permite «comprarla y llevarla a casa, con lo cual nadie te observa» en un lugar público, agregó Soriano, quien subrayó que el «rasa-rasca» perjudicará tanto a las personas con adicción como a las que están «en el filo». Diversos estudios estiman que unas 800.000 personas sufren este problema, alrededor de dos millones si se incluyen a los afectados indirectos.